TIJUANA, BC 15 DE MAYO DE 2019 (AFN).- Por lo que consideraron como una serie de delitos graves presuntamente cometidos por el ahora candidato del PRD a la alcaldía de Tijuana, Julián Leyzaola, un grupo de personas y organizaciones civiles de Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigieron un escrito al Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, solicitando una investigación por parte de la dependencia federal.

Los firmantes, que casi llegan a 70 en número, dieron a conocer un escrito con fecha de este 15 de mayo de 2019, en el que solicitan que la Fiscalía Federal ejerza su facultad de atracción e investigue una serie de hechos que exponen en el mismo, y señalan al candidato del partido del Sol Azteca como presunto responsable a su paso por los cuerpos policíacos en ambas entidades durante los años 2008 al 2014.

Refieren que del 2008 al 2010, Leyzaola Pérez fungió como Secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, y del 2011 al 2014 ocupó el mismo cargo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en ambos casos, exponen, fue señalado de cometer actos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros los cuales, añaden, habrían sido cometidos por él mismo o por agentes a su mando.

El escrito refiere que en Tijuana, el ex jefe policíaco tiene abiertas 21 averiguaciones previas en el fuero común en las cuales, advierten, es señalado por presuntas víctimas o familiares de éstas, por delitos de tortura y homicidio, además de otras tres investigaciones en su contra en el ámbito federal, al ser señalado como co-autor, en conjunto con soldados del 28 Batallón de Infantería, con sede en esta ciudad, así como con la Policía Federal, en la presunta comisión del delito de tortura.

Estas denuncias, sostienen en la petición hecha a Gertz Manero, no han sido consignadas a juzgados locales o federales por lo que, dicen, “da lugar a una injustificable situación de impunidad”.

En el documento también se hace mención a la detención de policías municipales de Tijuana en el año 2008, y que derivó en recomendaciones tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, por presuntos actos de tortura e instalaciones militares y la detención de los oficiales por el propio Leyzaola Pérez, resaltando el hecho de que luego de varios años, todos los oficiales detenidos en esa ocasión fueron absueltos por la justicia federal.

Sobre este caso, el texto refiere además la muerte o desaparición “en circunstancias extrañas” de cinco policías municipales de Tijuana detenidos por Leyzaola y absueltos por un Juez federal; “uno fue asesinado mientras trabajaba como velador en una fábrica; otro, desaparecido sin que a la fecha se conozca su paradero; uno más, pareciera que cometió suicidio; otro, muerto a consecuencia de un proyectil de arma de fuego en la cabeza y el último, ejecutado el mes pasado al interior de su negocio”.

Cabe señalar que aunque el texto refiere particularmente casos ocurridos en la ciudad de Tijuana, la mayoría de las organizaciones que lo firman corresponden a asociaciones y colectivos del estado de Chihuahua, especialmente de Ciudad Juárez.