Tijuana BC 8 de marzo de 2015 (AFN).- El gobierno Federal y los legisladores federales que defienden a ultranza la nueva Ley General de Aguas en México, alegan muchas justificaciones a dicha iniciativa, pero la realidad es que violan el derecho humano al agua al poner ese recurso y el suministro del mismo en manos de empresas privadas, refirió Pedro Castillo Chavoya, candidato a diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) en el distrito 04.

Por ello, la abanderada petista se pronunció en contra de esa reforma de Ley, la cual quedó detenida en marzo pasado en virtud de que el partido político que se encuentra en el poder previó que continuar con la polémica le iba a perjudicar en el actual proceso electoral, dijo.

El problema es que la iniciativa sigue en comisiones, y por eso es que la postura oficial de los abanderados del PT en todo el país se pronuncian tajantemente en contra de la misma; y si la actual legislatura la aprobara, dijo Castillo que todos los que sean diputados federales por el PT legislarán para derogar todos los preceptos legales que tiendan a la privatización del servicio; y si el tema quedara pendiente para la legislatura entrante, van a votar en contra de esas pretensiones del sistema.

El candidato a diputado federal advirtió que si las empresas privadas administran el servicio se perderá toda política de sensibilidad social, ya que para ellos es un negocio y no se les podría exigir, como sí se hace con el gobierno, a ser más tolerantes, dar facilidades e incluso hasta “borrones y cuenta nueva”.

“Ya no habría la exención de cobro para las personas de la tercera edad, ni tarifas especiales, simbólicas para las personas con alguna discapacidad; no habría campañas de eliminación de multas y recargos, ni convenios con las tasas de interés más bajas; ni campañas de 'borrón y cuenta nueva', e incluso, seguramente las tarifas de servicio serían mucho más elevadas pues no habría subsidio del gobierno; votar por esa ley es negar al pueblo un derecho humano elemental, que es el consumo de agua potable y servicios de alcantarillado”, explicó.

“Es más, de acuerdo a los tratados internacionales y la propia Constitución Mexicana, así como nuestras leyes relacionadas con los derechos humanos, negar o cortar el servicio de agua potable a la gente es un crimen de lesa humanidad, o sea, ya lo más inhumano que se puede calificar un delito; por eso debemos impedir o detener y desaparecer esa Ley que atenta contra la vida misma del ser humano”, subrayó.

Expuso que el Artículo 4 de la Constitución Mexicana establece que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible"; y sin en embargo reformaron el Artículo 27 de la Constitución para dejarla así: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización".

Especialistas aseguran que conceder a un particular el suministro de agua afectaría aún más a la economía de los mexicanos, especialmente en los sectores más vulnerables, ya que habría un incremento en las tarifas y, a su vez, se vería afectada la calidad de vida.

Además, la Ley habla de suministrar el agua a las grandes concentraciones urbanas descritas como "asentamientos humanos", pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias, por lo que esto afecta además a los pueblos indígenas, dijo; donde "Los recursos hídricos que se encuentran en sus territorios ancestrales serían usados para llevar agua a zonas donde ésta se paga bien", como advirtió un hidrogeólogo de la UNAM.

Para solucionar el problema de la escasez de agua que habita en algunas regiones del país, se propone el trasvase de agua de una cuenca a otra mediante megaproyectos de infraestructura, y esos son pretextos para cometer actos como el siguiente: en Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez, dos líderes indígenas Yaquis, están tras las rejas por luchar para detener la construcción de un acueducto ilegal que los despoja de su agua, dijo.

Sin informar ni consultar a la tribu Yaqui, en enero de 2010, el gobierno del Estado de Sonora inició la construcción del Acueducto Independencia, con el pretexto de dar agua a Hermosillo; y a pesar de que la tribu Yaqui ha ganado la batalla legal en tribunales, las acciones ilegales del gobierno continúan hasta el día de hoy.

"Estos son los informes que hay sobre algo que ya están haciendo los gobernantes, violentando derechos humanos; por lo tanto, si dejamos que el gobierno Federal y sus cómplices en la actual Cámara de Diputados aprueben la nueva Ley General de Aguas de México, acciones como esas se verán más a menudo, y lo que es peor, perpetradas por empresas privadas, concesionadas por el Gobierno", advirtió Pedro Castillo.

De esta manera llamó a la gente a razonar su voto el domingo 7 de junio, para que voten por el PT, y sean mayoría en contra de esos atentados; refirió el candidato.