*.- Se acusan de "mentirosos", "ignorantes"  y "tapaderas", además de lanzarse retos

Ensenada BC 31 de marzo de 2015 (AFN).- La reciente resolución dictada por parte de los integrantes del Congreso de Baja California, de rechazar el inicio de un juicio político en contra del ex alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, ha provocado una pugna entre legisladores de dicho municipio.

Los diputados, por diferentes medios se acusan de "mentirosos", "ignorantes"  y "tapaderas", además de lanzarse retos para probar sus dichos.

En un escrito, el diputado Armando Reyes acusó a su homólogo, Juan Manuel Molina; y al Síndico Social del 21 Ayuntamiento de Ensenada, Félix Francisco Ojeda Ortega, de pretender "generar incertidumbre (..) para sacar raja política".

"Ellos o mienten o son ignorantes en esta materia, pero que no pretendan acusarme de ocultar pruebas, yo no soy tapadera de nadie y mi voto fue para enjuiciar al ex alcalde Pelayo, no para salvarlo”, afirmó Reyes Ledesma, quien preside la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado.

Agregó que el juicio político implica un procedimiento para fincar responsabilidad política a un servidor público por haber incurrido en conductas que se deben sancionar mediante la destitución o inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público; y que en algunos casos las conductas sancionadas pueden ser castigadas penalmente.

Por tal razón, agregó, aunque el juicio político es un procedimiento establecido en la Constitución local y normado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero que en el "Caso Pelayo", "se ha prestado a interpretaciones que no siempre dejan certidumbre al momento de aplicar los criterios de interpretación".

Para algunos legisladores, explicó, para iniciar el procedimiento de juicio político, la comisión jurisdiccional requiere pruebas, ya que en la Ley se habla de elementos probatorios, mientras que para otros solo se requieren indicios y que se reúnan los requisitos de la Ley.

"Algunos legisladores estamos trabajando en iniciativas para clarificar este procedimiento y que el juicio político no seas usado como herramienta de difamación, de presión o revancha política y que tampoco sea tan general y difusa que pueda ser interpretada para dejar en la impunidad a funcionarios o ex funcionarios corruptos", dijo Reyes en su escrito.

Este es el trabajo legislativo que deben realizar, agregó, "y no tratar de montarse en estos temas para proyectarse políticamente y menos si en esa intención le mienten a los ciudadanos y nos acusan con falsedad de que nosotros ocultamos pruebas".

Lanza reto y exige disculpas
Mediante su escrito, Reyes Ledesma lanzó un "reto" a Molina y a Ojeda, para que "públicamente y ante abogados y expertos en la materia de juicio político le entremos a este tema y que ahí presenten sus pruebas de que oculté información. Pero si no tienen estas pruebas y son congruentes con sus actos y palabras, les exijo a ambos una disculpa pública".