Tijuana BC 18 de septiembre de 2014 (AFN).-  Por considerar que transcurrió el tiempo previsto dentro de la Ley sin que se le impusiera la sanción correspondiente, la Comisión instructora de Procedimiento de Juicio Político del Congreso local concluyó que ya se “extinguió la facultad sancionadora” y por lo tanto se “sobresee” y archiva de manera definitiva, el proceso de Juicio Político en contra del ex alcalde panista de Tijuana Jorge Ramos Hernández.

 

  En el dictamen 01 de la Comisión Instructora que preside el diputado Armando Reyes Ledesma, y que este viernes 19 de septiembre se  dará a conocer en la sesión que tendrá lugar al mediodía, se ordena lo anterior, sin “prejuzgar” si el ex alcalde tiene responsabilidad o no, de los cargos que le fueron señalados por el 20º ayuntamiento dirigido por el entonces presidente Carlos Bustamante Anchondo.

 

  En el documento que obra en poder de Agencia Fronteriza de Noticias se establece que venció el plazo previsto, tanto en la Constitución local como en la ley reglamentaria para imponerse la sanción que correspondía y que se estima que por el transcurso del tiempo, ha operado la figura jurídica de prescripción “con la cual se extingue la facultad sancionadora de este órgano de gobierno, para que en su caso se pudiese emitir una resolución punible en contra del denunciado”.

 

  Se advierte que en caso de continuar con la tramitación del procedimiento de juicio político en contra de Ramos Hernández “se violarían garantías constitucionales del incoado (incoar: un proceso judicial que puede llevar al castigo de una falta), toda vez que como se ha venido mencionando en el presente considerando, a la fecha de hoy ha operado una causal que impide a esta autoridad continuar con la tramitación del procedimiento correspondiente”.

 

  Por lo tanto se ordena el archivo definitivo de este procedimiento instaurado en contra del político panista, aclarando que con esto no se prejuzga la posible responsabilidad del denunciado, sobre los hechos que fueron expresados en el procedimiento juicio político.

 

  Además se hace notar que en las actuaciones que la comisión instructora de esta XXI Legislatura llegase a practicar, en ningún momento podrán variar que en el particular haya operado la prescripción de la pretensión sancionadora y, por lo sancionadora, ya que de lo contrario, resultaría ocioso continuar con el proceso en todas sus etapas hasta su conclusión toda vez que lo único que generaría sería, que se emitiera una resolución que obligatoriamente debería ser en el mismo sentido que este dictamen.

 

  El dictamen es firmado por los diputados: Armando Reyes Ledesma como presidente; Cuauhtémoc Cardona Benavides como secretario e Irma Martínez Martínez, Nereida Fuentes y Felipe mayoral como vocales.

 

  Los legisladores presentan dentro el documento una relatoría de los hechos que iniciaron el 26 de octubre del año 2011 con la solicitud de juicio político en contra del mencionado, que interpuso ante la legislatura local el apoderado legal del 20º ayuntamiento, Héctor Veiga Galindo.

 

  Esta denuncia fue turnada a su vez por el presidente la Mesa Directiva de la pasada legislatura local a la Comisión Instructora para que hiciera la revisión de procedencia de los señalamientos que se le hacían a Ramos Hernández con base a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

 

  La denuncia fue sustentada en el señalamiento de que el denunciado omitió de manera dolosa cubrir al ISSSTECALI las aportaciones equivalentes a sueldos o sueldos básicos integrados de los trabajadores del ayuntamiento durante el periodo comprendido de la segunda catorcena de septiembre a la última de diciembre del año 2009, y las catorcenas correspondientes a los meses de enero y febrero del año 2010.

 

  Este dictamen dictamen todavía tiene que pasar al pleno del Congreso de la entidad.