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TIJUANA - martes, 12 de abril de 2011 - AFN.
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Conflictos territoriales.
Por: Gilberto LAVENANT 
gil_lavenant@hotmail.com 
 
Parece algo increíble, insólito, los 5 municipios de Baja California, tienen gobiernos priístas, y al menos cuatro de ellos, enfrentan serios problemas, que les enfrentan, en los que incluso han salido a relucir las armas, como si fuesen países en pugna, por meros conflictos territoriales. 
 
El gobierno de Playas de Rosarito y el de Ensenada, se reclaman recíprocamente la titularidad del poblado de Santa Anita, donde habitan aproximádamente 1,200 personas, ubicado entre los límites de ambos municipios, a 50 minutos al norte de la ciudad de Ensenada, y 40 minutos al sur de Playas de Rosarito. 
 
En el caso de Tijuana y Tecate, el poblado Valle de Las Palmas, donde se desarrolla la Nueva Ciudad Satélite, en el que se desarrolla el Campus Valle de las Palmas de la UABC, con poco menos de 4 mil habitantes, considerado por algunos como parte de Tecate y, por otros, de Tijuana. 
 
Los pobladores de ambos lugares, viven desconcertados. No saben a qué jurisdicción municipal pertenecen, a cuál de las dos deben tributar y, sobre todo, a cual pueden reclamar la prestación de los servicios públicos básicos. 
 
El problema más grave lo representa el caso de Santa Anita. El sábado 2 de abril del año en curso, ocurrió un incidente que estuvo a punto de llegar a mayores. 
 
Javier Robles Aguirre, Alcalde de Playas de Rosarito, acudió a Santa Anita, acompañado de sus principales colaboradores, a desarrollar una jornada médico asistencial. 
 
Cuentan que, previo a la jornada médica, Robles Aguirre se encontraba desayunando en un restaurante del poblado, cuando aproximádamente a las 9:50 horas, llegó hasta ese sitio una patrulla de la policía del Municipio de Ensenada, con 2 agentes a bordo, los cuales pretendieron justificar su presencia, argumentando que habían recibido reporte de personas armadas. El jefe de escoltas del Alcalde se identificó, y se retiraron. 
 
Apenas habían transcurridos 20 minutos, cuando llegaron 5 patrullas, también de Ensenada, las que rodearon el sitio. Eran diez policías, portando armas largas, en actitud amenazante y nuevamente habló con ellos el jefe de escolta del Alcalde de Playas de Rosarito, luego de lo cual, de mala manera, se retiraron. 
 
Cuentan que el incidente estuvo a punto de llegar a mayores. Hubiese sido el colmo, mientras los delincuentes hacen de las suyas en los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, policías de ambos municipios rivalizan por límites territoriales. Como si fuese propiedad privada. Nada más eso faltaba. 
 
Podría parecer exagerado el celo de los gobiernos de ambos municipios, por atender las necesidades de pobladores de Santa Anita, pero más bien son cuestiones de carácter económico, y político. Reclaman el pago de impuestos, no la obligación de prestar servicios públicos. 
 
Solo que las posturas asumidas, al menos por parte del gobierno ensenadense, que encabeza el controvertido Enrique Pelayo Torres, se asemejan a la de los caciques. Buscan abarcar más territorio, que les tribute, cuando que no atienden eficientemente los que saben perfectamente que están obligados a vigilar y brindar servicios. 
 
Hay quienes aseguran que efectivamente Santa Anita es parte del territorio de Ensenada, empero sus pobladores no están seguros del todo. Unos tributan en el puerto y otros en Playas ded Rosarito. Se dice que este conflicto se originó cuando Playas de Rosarito fue creado como quinto municipio. 
 
La XIX Legislatura Estatal, creó una comisión para resolver este conflicto. Para ello, llevó a cabo una encuesta entre los pobladores de Santa Anita, pero todo siguió igual. 
 
La semana pasada, la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Agatón, presentó un punto de acuerdo, tratando de resolver este conflicto, en base a dos acciones. Convocar a los gobiernos de ambos municipios, a que dialoguen y lleguen a un acuerdo, estableciendo un plazo de 30 días. En caso de que el conflicto continue, la solución la debe aplicar la XX Legislatjra Estatal, en un plazo máximo de 30 días. 
 
La legisadora fue un poco más allá, pues propuso la creación de un Estatuto Territorial, en el que se precisen tanto los límites territoriales, como las fórmulas de solución de éste tipo de conflictos. 
 
Es absurdo que ocurran cosas como éstas. Gobiernos de dos municipios vecinos, cuyos Alcaldes son de la misma filiación partidista, priístas, peleando, hasta con el uso de la fuerza pública, supuestos dominios territoriales, como si se tratase de propiedades particulares o dos países vecinos. 
 
Si la misma actitud asumieran para atender las necesidades de los pobladores de la zona cuya titularidad reclaman, otra cosa sería. Lo cierto es que lo que reclaman son los impuestos, no las obligaciones de prestar servicios y resolver problemas o necesidades. Bueno, también el dominio político, cosa rara cuando que ambos militan en el PRI. 
 
Ojalá impere la cordura y se llegue a una solución, se determine la correspondencia territorial de Santa Anita, antes de que las cosas lleguen a mayores. Aunque luego, como siempre ocurre, dejen a los pobladores del lugar en el más completo abandono. 
 
gil_lavenants@hotmail.com
 
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