CIUDAD DE MÉXICO 15 DE FEBRERO DEL 2017 (La Silla Rota).- Organizaciones de la sociedad civil y académicos hicieron un llamado a evitar una normatividad inapropiada y transparentar el proceso legislativo de la Ley de Segiridad Interior. 

Especialistas en derechos humanos demandaron a no aprobar una ley de seguridad interior, tal y como está en las iniciativas que se analizan.

En conferencia de prensa, representantes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), así como la politóloga Denise Dresser y el académico Alejandro Madrazo, del CIDE, calificaron de opaco y atropellado el proceso que se sigue en el Congreso.

Solicitaron que el análisis de la ley se realice con base en datos de violaciones a derechos humanos en la última década, así como los que arrojan estudios como el de legalidad, que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

"Parece que los militares quieren que les lavemos las cara", manifestó Denise Dresser.

Por su parte, Madrazo advirtió que está reforma constitucional sería la más importante en la última década del País, por lo que dijo que no puede ser aprobada al vapor.

Criticaron también que el propio Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, haya advertido que de no contar con esta ley la tropa se subordinaría, pues consideraron que fue una amenaza a las autoridades civiles.

Mientras que Santiago Aguirre, del Centro Prodh, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera el concepto de seguridad interior como propio de gobiernos autoritarios, mientras que relatores de la Organización de las Naciones Unidas han advertido de riesgos si es aprobada esta ley.

Francisco Torres Landa, de MUCD, dijo que lo que quieren es que se fije un plazo para que los militares regresen a sus cuarteles y que se capacite a las Policías civiles.

En la conferencia también participaron José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Edgar Cortez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Democracia.

Los defensores y académicos advirtieron que seguirán al pendiente para evitar que se apruebe la ley de seguridad interior y en su caso para presentar recursos legales en su contra.