CIUDAD DE MÉXICO 16 de Diciembre  2016 (La Silla Rota).- De acuerdo con el diario The New York Times, un reporte interno de la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Iguala indica que se registraron irregularidades como el traslado ilegal de detenidos y testimonios sin presencia de un abogado.
 
Este tipo de procedimientos, según el informe gubernamental, violaron el derecho a la verdad y de las víctimas a la justicia.
 
"El reporte aporta las evidencias desde el interior de la oficina del Procurador mostrando cómo el caso fue mal manejado", de acuerdo con la información.
 
The New York Times afirma que el reporte interno fue terminado hace cuatro meses y estaba listo para ser entregado en una reunión el 18 de agosto a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
 
No obstante, según el texto, un funcionario de la PGR les dijo que sus superiores tenían que autorizar la entrega del informe. La información nunca se entregó y posteriormente el visitador general César Alejandro Chávez Flores renunció a la PGR, cuatro semanas después de la reunión con los padres de los desaparecidos.
 
"La copia del reporte obtenido por el New York Times sugiere por qué (el caso Iguala) permanece en el limbo burocrático. Muestra una serie de violaciones, incluidos al principal investigador del Gobierno (Tomás Zerón) quien llevó a un sospechoso a identificar una escena del crimen sin la presencia de un abogado".
 
"El registro de esa visita nunca se incluyó en el expediente y fue llevado al sitio sin custodia y de noche", establece el texto.
 
Pero el informe del auditor general describe cómo seis sospechosos, recogidos en diferentes lugares en un día, confesaron espontáneamente con idéntica redacción que eran miembros de Guerreros Unidos, y admitieron haber matado a los estudiantes y quemado los restos.
 
Las detenciones subsiguientes, basadas únicamente en esas declaraciones, fueron arbitrarias e ilegales, según el reporte. Bajo la Constitución mexicana, un arresto ilegal anula cualquier evidencia obtenida como resultado.
 
Había otros problemas. Las fechas estaban confusas, faltaban registros. Un fiscal investigador firmó documentos en dos lugares diferentes el mismo día.
 
Lo que el informe describe no es infrecuente en las investigaciones penales mexicanas, dicen los expertos.
 
En su afán por cerrar los casos, la policía y los fiscales mexicanos han dejado de lado la ley. Los sospechosos son recogidos para dar una declaración y luego existen ligeras pruebas por sospecha de vínculos con el crimen organizado.
 
A pesar de que la policía se está adaptando a una amplia revisión en el sistema de justicia de México con la intención de eliminar esas prácticas, "los viejos hábitos mueren duros", dijo Agustín Acosta, un prominente abogado de defensa que no está involucrado en el caso de los estudiantes.
 
Al día siguiente de los arrestos, un sospechoso fue puesto en libertad al investigador principal, Tomás Zerón de Lucio, que lo llevó al río Cocula. Allí, el sospechoso dijo después, que le obligaron a señalar un punto en la orilla del río.
 
Ninguna de las actividades de ese día -28 de octubre de 2014- fueron incluidas en el expediente del caso.
 
La presencia de Zerón en el río con el sospechoso Agustín García Reyes fue señalada por un grupo de expertos externos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Entre las conclusiones de los expertos, presentadas en abril, se encontraban pruebas detalladas de que 17 sospechosos fueron torturados, entre ellos García Reyes y otros dos presuntos miembros de pandillas detenidos el mismo día.
 
La investigación interna del auditor general fue una respuesta al informe de los expertos. La procuradora de entonces, Arely Gómez, también pidió al auditor general que iniciara una auditoría más amplia. NYT ha obtenido una copia del primer borrador de la auditoría.
 
La señora Gómez es ahora la secretaria de la Función Pública, dependencia encargada de investigar actos de corrupción.
 
Zerón ha dicho que la visita al río fue un procedimiento policial apropiado. La omisión de esa visita en el expediente fue inadvertida, afirmó.
 
En septiembre, renunció como titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Pero Zerón, que ha trabajado estrechamente con el presidente Enrique Peña Nieto durante casi una década, fue nombrado inmediatamente como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
 
El primer borrador de la auditoría más amplia plantea muchas de las mismas preguntas que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificaron por primera vez. Se pregunta por qué la Policía Federal y el batallón militar local se abstuvieron de actuar mientras la policía municipal atacaba los autobuses de los estudiantes.
 
El proyecto prevé nuevas investigaciones e interrogatorios para determinar si esa negligencia equivale a obstrucción de la justicia.