CIUDAD DE MÉXICO 19 DE OCTUBRE DE 2016 (La Silla Rota).- Diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron que se resuelva en tiempo y forma el amparo interpuesto contra la Cámara de Diputados, por haber aprobado en el actual Presupuesto de Egresos de la Federación recursos millonarios que posiblemente se usan para “moches”.

La petición para acelerar esta resolución judicial obedece a que este jueves la Cámara de Diputados aprobará la Ley de Ingresos 2017 y se podría abrir nuevamente la posibilidad de que los legisladores aprueben fondos para moches.

En febrero, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interpusieron un juicio de amparo en contra los diputados federales, con el fin de frenar los moches entre los diputados federales, es decir, el uso de dinero público para fines privados.

El juicio de amparo es promovido por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa, los cuales designaron a Juan E. Pardinas como su representante, con el apoyo de los abogados Gabriela Ríos Granado y José Roldán Xopa, y el economista Jorge A. Chávez Presa.

En entrevista con La Silla Rota, el académico José Roldán Xopa recordó que a finales de 2015 los diputados aprobaron el PEF-2016, pero se excedieron en su facultad constitucional para modificar los ingresos de la Federación, pues crearon fondos sin ningún tipo de reglas para su gasto.

Los fondos creados por los diputados se distribuyeron el Ramo 23 del PEF-2016, un rubro que se conoce por poca rigidez respecto a sus objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.

De acuerdo con Roldán Xopa, el juicio de amparo promovido sostiene que San Lázaro se está atribuyendo competencias más allá de lo establecido en la Constitución para facilitar el uso discrecional y opaco de los recursos federales.

Según estas OCS, la motivación para crear estos fondos irregulares es para transferir recursos federales a las entidades federativas.

Sin embargo, hay dos razones por las cuales ello levanta sospechas del actuar de los diputados federales: en primer lugar, si la meta era la reasignación de recursos, los diputados federales pudieron haber hecho uso de programas presupuestarios y fondos ya existentes en otros ramos administrativos, siempre y cuando la legislación lo permitiera.

En segundo lugar, para reasignar recursos a los estados, los diputados debieron haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal previo a la aprobación del Decreto del PEF, lo cual no ocurrió en esta ocasión.

Trabas

La Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra la admisión del amparo promovido por las OCS, pero fue declarado sin fundamento en mayo por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa.

Ante estas eventualidades, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses y luego el Juzgado de Distrito que conoció inicialmente el amparo, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio, con el fin de resolver la cuestión de fondo del amparo.

Sin embargo, el amparo sigue sin resolverse y ahora está en peligro de perder su validez por el Congreso está a días de aprobar, primero, la Ley de Ingresos del próximo año y luego el Presupuesto de Egresos 2017, donde nuevamente podría aprobarse recursos para “moches”.

“Estamos esperando la sentencia del juez de distrito… y mientras transcurra más tiempo, el amparo tiene menos efectividad, porque como el presupuesto es anual y con la conclusión del año, pues ya no existiría el acto reclamado, es decir, quedaría sin efecto el acto que se impugna”, explicó.

En ese sentido, hizo un llamado al juez de distrito que está resolviendo el caso, a fin de emitir la sentencia lo más pronto posibles y quede el antecedente para construcción del nuevo Presupuesto de Egresos.

Las OCS explicaron que se trata de un juicio de amparo histórico, que abre la oportunidad para que, por primera vez, el órgano jurisdiccional dé muestras de que hay Estado de derecho y que incluso los diputados federales están obligados a respetar lo que la Constitución establece en materia de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con ello también podrá pronunciarse para definir sobre el alcance de las facultades de la Cámara de Diputados en la creación de nuevos fondos, programas y proyectos con recursos federales cuando no fueron contemplados en el proyecto de PEF que prepara y envía el Jefe del Ejecutivo Federal.