MEXICO DF 2 DE MARZO DE 2016 (La Silla Rota).- PAN y PRD en el Senado de la República condicionaron la discusión de la reforma constitucional del Mando Único Policial, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluiría la designación de un fiscal autónomo y con “dientes” para perseguir delitos.

Los legisladores de oposición consideraron indispensable que a la par de la propuesta presidencial en materia de seguridad, se vayan discutiendo las leyes que podrían funcionar al aparato que perseguiría la corrupción de servidores públicos.

“Nosotros hemos dicho que es impensable un nuevo modelo de seguridad pública, si al mismo tiempo no se fortalece la capacidad institucional de combatir la corrupción”.

“Buena parte de la debilidad de las instituciones policiacas en nuestro país, tiene que ver con una altísima corrupción. En consecuencia, son dos debates que van de la mano”, dijo el presidente del Senado, Roberto Gil.

Para el panista, estos dos temas son absolutamente coincidentes, pues no se encontrará un modelo de seguridad pública si antes no encontramos un buen modelo de combate a la corrupción, porque buena parte –de la debilidad en nuestras corporaciones de policía tiene que ver con una corrupción estructural.

La bancada de PRD también está en esta dinámica, por lo que esperaran a que el PRI dé el primer paso para activar la discusión de la iniciativa que se propone de Los Pinos.

Incluso, este martes presentó un paquete de reformas con la que echarían andar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Por ejemplo, el PRD en el Senado propuso, como parte de las leyes secundarias pendientes, la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, a fin de crear la Secretaría de Control Interno.

La bancada del sol azteca presentó en el pleno del Senado un paquete de leyes secundarias que, desde la visión perredista, hará que tenga una función eficaz el Sistema Nacional Anticorrupción.

“(La dependencia) será encabezada por un secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes”.

Para efecto de que la Secretaría asuma con plenitud las facultades de prevención y control interno que le atribuye la Constitución, deberá recaer en quien cuente con experiencia suficiente en actividades o funciones relacionadas con el control, la auditoría y la evaluación del gasto público, el desempeño y las políticas públicas.

Según la propuesta perredista, es necesario crear una Secretaría de control interno con capacidades de interacción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual tenga mecanismos para restablecer un mínimo de confianza institucional.

Al presentar la iniciativa a nombre de su bancada, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, expuso que la propuesta también pretende imponer sanciones a los “moches”, así como un nuevo modelo de fiscalización.

“Incurrirán en actos de corrupción las y los diputados federales y locales que en el proceso de aprobación del Presupuesto Federal o local, según corresponda, gestionen o soliciten la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dadiva o contraprestación indebida en dinero o en especie”, advirtió.

El legislador explicó que la iniciativa del PRD precisa el concepto de corrupción y específica un catálogo de actos corruptos en las que pueden incurrir los servidores públicos.

En ese sentido, la propuesta perredistas también propone que las faltas administrativas sean sancionadas por los órganos internos de control; las faltas graves, como los ‘moches’ y el tráfico de influencias, por el Tribunal Federal de  Justicia Administrativa, que tendría una ley orgánica, que le provee de herramientas para ejercer cabalmente sus funciones”, agregó.
 
Tres de tres

Con esta propuesta parlamentaria, la iniciativa Tres de Tres pasaría de estar sujeta a la voluntad del servidor público a adquirir un carácter obligatorio, adquiriendo alcances en el contexto de funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción.

Barbosa Huerta aseguró que el objetivo la iniciativa de su bancada es el de construir un Sistema Nacional como una instancia de coordinación institucional, de autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos.

En cuanto a la fiscalización, el coordinador parlamentario dijo que se podrá auditar y fiscalizar a cualquier ente público federal, estatal y municipal, o a cualquier fideicomiso, fondo o figura jurídica que reciba recursos públicos, de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación, entidad que se verá fortalecida con esta reforma.

En el caso de acreditarse la responsabilidad de un servidor público o particular, el daño a la Hacienda Pública sea resarcido mediante el congelamiento de cuentas que se encuentren en el sistema financiero mexicano y el embargo de bienes.

Según el perredista, la ciudadanía tendría un papel protagónico en el Sistema Nacional Anticorrupción a través del comité Ciudadano, con capacidad de denuncia, en el seguimiento y en la aplicación de sanciones a hechos de corrupción.