MÉXICO DF 22 DE AGOSTO DE 2015 (La Silla Rota).- En los casos de la Casa Blanca, de la primera dama Angélica Rivera; la de Ixtapan de la Sal, del presidente Enrique Peña Nieto; y de la de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en Malinalco, no hubo violaciones a la Ley Federales de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

A esta conclusión llegó la investigación encabezada por el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade.

En un mensaje ante medios de comunicación, el funcionario concluyó que ni el presidente de la República, ni su esposa, ni el titular de Hacienda incurrieron en violaciones a la Ley de Responsabilidades, ni en conflicto de interés, ya que no se vieron beneficiados por contratos con empresas vinculadas a Juan Armando Hinojosa Cantú.

Virgilio Andrade aseguró que los funcionarios no participaron en la asignación de contratos con empresas, ni se modificaron los contratos de compraventa de sus bienes inmuebles.

Según la investigación, en el caso de la Casa en Sierra Gorda, el 12 de enero de 2012 se celebró entre Ingeniería Inmobiliaria del Centro –propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú– y Angélica Rivera un contrato de compraventa en un precio de 54 millones de pesos a un plazo de pago de 8 años y con un interés a 8%.

De acuerdo con Andrade, la primera dama realizó 35 pagos con cheques de su cuenta personal en Scotiabank, mismos que fueron certificados con la Comisión Bancaria y de Valores. Los depósitos sumaron la cantidad de 14 millones 594 mil 31 pesos, mismos que fueron sólo por concepto de intereses. 

El titular de la Secretaría de la Función Pública también confirmó la relación laboral de Angélica Rivera Hurtado con Televisa “desde los años 90”, y que dicha relación culminó el 25 de junio de 2010, con un finiquito de 88 millones 661 mil pesos así como una casa en paseo de las palmas en Lomas de Chapultepec.

“En 2010 la señora Angélica Rivera declaró ingresos por 130 millones 601 mil 48 pesos (…) pagó por Impuesto Sobre la Renta 39 millones 136 mil 165 pesos por impuestos retenidos y pagados”, informó. 

Virgilio Andrade también aseguró que el 11 de diciembre de 2014 –luego de conocerse por un reportaje radiofónico la propiedad del inmueble–Ingeniería Inmobiliaria del Centro y la primera dama celebraron de mutuo acuerdo un convenio de terminación de contrato, con lo que la actriz regresó la posesión del inmueble a la empresa, pues “tuvo la posesión pero no hubo la transmisión de propiedad”.

En el caso de la casa en el Club de Golf Gran Reserva –conformada por tres lotes–, en Ixtapan de la Sal, propiedad del presidente Enrique Peña Nieto Ixtapan, la SFP concluyó que ésta fue adquirida entre 2005 y 2006, seis y siete años antes de que el mandatario asumiera como servidor público.  

En lo que refiere a la casa del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, Virgilio Andrade detalló que el contrato de compraventa de la propiedad en el Club de Golf de Malinalco, Estado de México, se celebró con la empresa Bienes Raíces H y G el 10 de octubre de 2012 por siete millones 500 mil pesos a 18 años con un interés de 5.31%.

Dicho contrato fue liquidado por Videgaray el 31 de enero de 2014 luego de hacer tres pagos, el primero incluso, al transferir obras de arte en poder de Videgaray por un monto superior a los dos millones 452 mil pesos.

Nuevamente, Virgilio Andrade afirmó que Videgaray no era aún servidor público cuando llevó a cabo la celebración del contrato en octubre de 2012, por lo que no hubo conflicto de interés.

“Durante el tiempo del encargo como Secretario de Hacienda y Crédito Público no ha adquirido bien inmueble alguno (…) el contrato de compraventa se realizó el 10 de octubre de 2012 y fue pagado en los términos referidos (…) el pago se realizó con el patrimonio que tenía declarado cuando era diputado federal”, puntualizó.

El funcionario afirmó que derivado de las investigaciones se entrevistó a 111 servidores públicos relacionados con contratos a empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, mismos que declararon que no se les ordenó resolver los contratos a favor del dueño de Grupo Higa.

El titular de la SFP informó que Grupo Higa cuenta con cuatro empresas que tienen 22 contratos con el Gobierno Federal por mil 386 millones de pesos.