CIUDAD DE MÉXICO 10 DE DICIEMBRE DE 2023 (La Silla Rota).- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces de distrito sean electos por voto popular, implica poner aún más en riesgo la función judicial federal a un esquema de corrupción, porque equivale a involucrarse en campañas electorales, en partidos afines, en política e “intereses ajenos” al deber que les impone la Constitución.

Así lo manifestaron los especialistas en Derecho Constitucional, Juan Carlos Ávila y Alberto Woolrich, quienes coincidieron en que la intención del presidente no es combatir la corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) que él argumenta, sino cooptar una autonomía de contrapeso a los poderes Ejecutivo y Legislativo en su sexenio.

Señalaron que el “voto popular”, al que recurre el presidente Andrés Manuel López Obrador en su intento para que “sea la gente” la que elija ministros, magistrados y jueces federales, definitivamente no acabará con los supuestos actos de corrupción que “exhibe sin prueba alguna, públicamente”.

El Doctor Juan Carlos Ávila afirmó que todos los juzgadores tienen una función que nada tiene que ver con la política, además de que el voto popular equivale a que hagan campaña electoral, que la ley les prohíbe.

“Tenemos un conocimiento jurídico y técnico únicamente ligado a la Constitución y distintas leyes, sin filiación política. Someter a votación implica someter a intereses políticos, a un sistema que precisamente deben estar alejados, definitivamente la propuesta del presidente no evitará la corrupción, por el contrario, conlleva corrupción”.

En entrevista, comentó que en ningún país democrático los juzgadores eligen por sufragio universal, sino más bien por atendiendo a sus capacidades técnico jurídicas.

“Desde finales del siglo 18 ya en los Estados Unidos la decisión de la designación de los de los jueces pasaba por una propuesta del Ejecutivo y una ratificación del legislativo, precisamente para garantizar que no respondan a agendas o criterios políticos sino básicamente a la vigilancia de la Constitución y de las leyes”.

Sostuvo que es contraproducente la propuesta presidencial porque evidentemente los juzgadores atenderán a una agenda política, cualquiera que ésta sea.

“Por votación van a responder más a esos intereses políticos que al principio de impartición de justicia, van a responder más intereses ajenos a los de la Constitución. Entonces sería poner aún más en riesgo la función judicial a un esquema de corrupción, definitivamente el voto popular no implica terminar con esa supuesta corrupción”.

Indicó que la estrategia presidencial para intentar que los juzgadores sean electos por votación popular es terminar con el sistema de contrapesos que todavía subsiste en México.

“La intención es que los jueces sean designados precisamente por el Poder Ejecutivo, que tiene por mayoría controlado el Poder Legislativo, entonces éste funciona con base en su agenda política y el único contrapeso que efectivamente sí ha encontrado es el Poder Judicial.

“Considero que a eso obedece permanente insistencia de que sean elegidos por sufragio, por votación, porque ha encontrado en el Poder Judicial ese contrapeso que en todas las democracias debe de existir para que las decisiones del Ejecutivo aun cuando controle al Poder Legislativo no se han arbitrarias o contrarias a la Constitución”, expuso el doctor en Derecho Constitucional.

Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, aseguró que es “censurable” que se quiera elegir un ministro o juzgador por voto popular. "Esa propuesta es absurda, lejos de terminar con una supuesta corrupción en la Suprema Corte, en el Poder Judicial de la Federación, la profundizará".

“Ese sistema trató de funcionar en México en la Constitución de 1847, pero precisamente por la ineptitud de todos los que podían o querían acceder a ese sistema fue criticado por todos los constitucionalistas de aquella época, consecuentemente creo que no es una figura que pueda progresar,

"Definitivamente lo que se requiere para ser ministro es ser una persona proba, muy capaz (…) Ser elegido por un supuesto voto popular se prestaría más a la corrupción porque directamente se responden a intereses políticos, tendrían que hacer campaña (…) Inimaginable ver a aspirantes a ministros, magistrados y jueces en campaña electoral para ser votados supuestamente por el pueblo”.

“Definitivamente la única manera de evitar la corrupción en el Poder judicial que argumenta el presidente es aplicando rigurosamente la letra de la ley, nuestras leyes, tanto la constitución como el código penal.

“Incluso las leyes secundarias prevén este tipo de situación si existiera o si se detecta una corrupción; la forma de combatirla es lo que se ha venido proponiendo desde siempre, que se depuren los recintos de justicia y que aquellos funcionarios corruptos que son identificados se les investigue, se les procese en caso de encontrarse posibles responsables”.

Woolrich indicó: “El presidente está en esta campaña, su propuesta de elegir a juzgadores de manera supuestamente popular es demagógica, definitivamente es lo más absurdo jurídicamente, quiere cooptar al Poder judicial que es el único contrapeso que queda, ya tiene al congreso, por eso intenta acabar con la única vía en contra de la arbitrariedad”.