CIUDAD DE MÉXICO 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 (LA SILLA ROTA).- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) cerrar definitivamente la carpeta de investigación contra los científicos y académicos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Este tribunal ratificó un amparo previamente otorgado a José de Jesús Franco, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, quienes habían denunciado que una nueva área de la FGR los estaba investigando, a pesar de que un juez ya había determinado que no existía ningún delito que perseguir.
Ante esta decisión, el Magistrado Juan José Olvera López expresó su preocupación de que la FGR continúe tratando de “eludir” que el asunto ya era cosa juzgada al enviarlo nuevamente a otra autoridad.
“Insistir en mantener una carpeta de investigación abierta transgrede los derechos fundamentales, primero de legalidad, porque debiera mandar al archivo el asunto; y de seguridad jurídica, porque mantiene una investigación abierta sin justificación, de ahí que debe confirmarse la concesión de amparo como lo hace el Juez de Distrito, para que se archive esa carpeta de investigación como asunto concluido”, expresó.
Además, subrayó que la autoridad ministerial trata de reenviar el asunto a otra área para “dejarla fuera del alcance del amparo”, y reiteró que quien reciba la carpeta tendrá la obligación de archivarla.
Científicos del Conacyt acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero
En 2021, un juez federal puso fin a la persecución contra la doctora en Ciencias, Julia Tagüeña Parga y otros cuatro científicos del Conacyt acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. En total, 31 investigadores y exfuncionarios del Conacyt fueron acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público.
En una audiencia celebrada el pasado 13 de enero de 2022, el juez federal, Gregorio Salazar Hernández canceló la indagatoria contra tres extitulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) y dos académicos, abierta por las supuestas aportaciones ilegales por 244 millones de pesos.
Asimismo en 2019, el Conacyt, que dirigido por María Elena Álvarez-Buylla denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que el presupuesto otorgado excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que, se utilizó para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros.
