*- Impone AMLO fast track legal a obras de la 4T; es inconstitucional, alertan

CIUDAD DE MÉXICO 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 (SDPnoticas y La Silla Rota).- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decretó de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias a cargo del gobierno federal.

En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente AMLO publicó el acuerdo por el que decretó de seguridad nacional la realización de sus obras prioritarias.

“Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México”

¿Qué obras decretó AMLO de seguridad nacional?

El presidente AMLO argumentó que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y la infraestructura a cargo de las dependencias federales para poder concretarlas.

En el acuerdo el presidente AMLO no mencionó de manera directa a sus obras prioritarias como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Solo detalló que se trata de obras asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético.

Así como puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, señala el DOF.

¿Qué significa que el decreto de AMLO?

Con la declaración de seguridad nacional, las dependencias podrán negar información relativa a contratos, empresas, licitaciones y dictámenes de las obras.

Dado que el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información dice que se puede declarar con información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional.

Además, el presidente AMLO instruyó a las dependencias a otorgar la autorización provisional a la presentación de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar con los proyectos de inmediato.

“Con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, dice el acuerdo.

La autorización provisional será en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud, es decir, el presidente AMLO urgió a las dependencias a otorgar los permisos.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.”

Además, la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión.

El acuerdo fue firmado por el presidente AMLO y por los títulares de las secretarías federales.

*- Impone AMLO fast track legal a obras de la 4T; es inconstitucional, alertan

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente. 

Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.

A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.

"Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional", se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.

Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que "con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional".

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada "temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional". 

EL FIN DE LOS DATOS ABIERTOS

La decisión de considerar obras de infraestructura como un tema de seguridad nacional  tiene una repercusión directa en materia de transparencia gubernamental, pues ahora las dependencias podrán reservarse la información sobre obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y la construcción del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles".

"Cuando una actividad del gobierno se identifica como de seguridad nacional, se puede reservar y no se da información sobre ello. En esta administración se ha dado mucho que las dependencias clasifican la información como si fuera de seguridad nacional y no dan la información", explicó a La Silla Rota Gustavo López Montiel, especialista en temas de transparencia del Tecnológico de Monterrey. 

Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que declarar como un asunto de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno decreta el fin de la transparencia y datos abiertos de estas construcciones. 

El excomisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México Alejandro Torres apuntó que la Ley de Seguridad Nacional define a ésta como "las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven [entre otras puntualizaciones] preservar la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes".

"Este último inciso podría ser el que el Ejecutivo pudiera invocar ante una impugnación en caso de negar acceso a la información de esas obras y proyectos", detalló. 

Además, aseguró que para combatir legalmente el decreto presidencial "será necesario demostrar que no se cumple ninguna de las amenazas a la Seguridad Nacional establecidas en la ley, si se hace pública la información de las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal".

GARANTIZAN AVANCE SIN ESTUDIOS

La autorización provisional, de acuerdo con el documento, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. "Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo".

En el artículo tercero del acuerdo, se advierte que la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, explicó lo que la "afirmativa ficta" se traduce en que proyectos de infraestructura del gobierno no tienen que esperar a que las autoridades emitan dictámenes para avanzar en ellos.

"Por ejemplo, para evitar una manifestación de impacto ambiental, pueden solicitar una exención. Por la afirmativa, se les otorga", dijo. 

La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, aseguró que "los proyectos del presidente no cumplen los requisitos de Ley, por ello el gobierno se auto dispensa todos los trámites para sus obras". 

Xóchitl Gálvez,  senadora del PAN por la Ciudad de México, aseguró que el presidente López Obrador "manda el diablo a las instituciones", pues violenta diversas normativas legales con el fin de saltárselas.

LAS MANOS DEL EJÉRCITO LO COMPLICAN

Que las obras de infraestructura sean un tema de seguridad nacional no es nuevo, a decir de Gustavo López Montiel, pues al darle el control de éstas al Ejército y a la Marina el gobierno federal ya ha complicado el acceso a la información. 

Así, el acceso a la información sobre el desarrollo de obras de infraestructura nacional cada vez se complica más a decir del especialista. "Ahora se ha hecho mucho más complicado porque la ley como está y la forma en la que las dependencias la manejan y aún más el ejército y la marina, han tendido a reservar toda la información que puede eventualmente afectar la imagen de esas obras y del presidente", afirmó López Montiel.

ASUNTO LLEGARÁ AL PODER JUDICIAL

El senador, también del PAN, Damián Zepeda, aseguró que las inconformidades por el decreto firmado por el presidente de la República, este lunes, terminará llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.