TIJUANA BC 9 DE MAYO DE 2019 (AFN).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California anunció que interpondrá un amparo en contra del gobierno estatal, con el objetivo de evitar el desvío de más de diez mil millones de pesos que pretende hacer el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, mediante los proyectos del Decreto 335.

En rueda de prensa, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de cuatro de los cinco municipios de la entidad, informaron que tras analizar las consecuencias del dictamen que fue aprobado el pasado 28 de marzo por la legislatura estatal, el organismo determinó recurrir a la justicia federal para evitar lo que calificaron como el mega endeudamiento del Estado.

Rodrigo Llantada, coordinador del CCE en Mexicali y secretario técnico de este organismo a nivel estatal; Carlos Ibarra, de Ensenada; Gabriel Camarena, de Tijuana y Teresa Ruiz, de Tecate, dieron a conocer el acuerdo de los empresarios, e informaron que será en los próximos días cuando se presente la solicitud del amparo en los Juzgados Federales de Baja California.

La presentación del amparo correrá a cargo Adolfo Solís Farías, especialista en Derecho Fiscal y asesor del organismo empresarial, quien explicó que tras un análisis se considera factible obtener la protección de la justicia federal.

Tras hacer una reseña de la reunión del año pasado entre el Gobernador, Francisco Vega de Lamadrid y los empresarios, Carlos Ibarra recordó que en dicha cumbre se acordó con el ejecutivo estatal la entrega de la información sobre el estado financiero de Baja California.

“Allí se acordó la instalación de una mesa técnica a través de la cual se iba a  determinar, se iba a hacer un dictamen, y ver cuáles eran las acciones a seguir”, indicó. 

“En diciembre del año pasado se comenzó a solicitar información para el análisis, misma que se fue entregando a cuenta gotas y el grueso de la información llegó hasta febrero de este año”, dijo. 

Explicó que “esto nos movió drásticamente en la mesa de trabajo sin embargo, en el gobierno del estado seguían trabajando en su agenda, tan es así que el 28 de marzo se buscó la aprobación del decreto 335 en el Congreso del Estado, que contempla las aprobaciones de la negociación de la deuda a corto y largo plazo; el contrato de la APP del segundo piso en Tijuana y de la desalinizadora de Playas de Rosarito”.

“Nosotros en la mesa técnica seguimos haciendo la chamba y una vez que se acordó, decidimos hacer un análisis de las consecuencias de ese decreto en especial y concluimos que no es factible ninguno de estos proyectos”, agregó

Por ello, explicaron los integrantes del CCE, acordaron solicitar al abogado  Adolfo Solís Farías, la elaboración de un amparo a fin de detener desvío de diez mil 134 millones de pesos del gobierno saliente”, finalizó.