*.- Continúan las investigaciones contra éste y sus cómplices

TIJUANA BC 15 DE FEBRERO DE 2019 (AFN).- La Cuarta Sala del Poder Judicial del Estado ordenó la revocación de la libertad que el pasado 9 de enero de este año recibió el pseudo periodista José Santiago Correa Collazo para continuar bajo este beneficio el proceso que se le sigue por el delito de extorsión, en contra de un empresario.

En una resolución dictada ayer dentro de la causa penal 3309/2018, se le ordena a la juez de control de Tijuana, Patricia Hernández Haro que “dicte las medidas conducentes en relación con el sentido del presente fallo”, únicamente en relación con las medidas cautelares no privativas de la libertad decretada, en dicha causa final.

Se indica de manera textual que se le imponga “como única medida cautelar al imputado de mérito, la consistente en prisión preventiva, por no haber variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar” impuesta al mencionado, el 18 de diciembre de 2018, tras su captura en flagrancia, por elementos ministeriales del Estado.

La juez Hernández Haro desestimó pruebas que se le estaban presentando y tomó como válida la argumentación de los abogados de Correa Collazo, en el sentido de que este no tenía ninguna relación con medios de difusión, sino que era propietario de un salón de belleza en Playas de Tijuana. La juzgadora también habría señalado en su momento a la parte acusadora, que había fallas en la averiguación que le fue presentada por la Procuraduría estatal.

Sin embargo, a raíz de que esta investigación le fue retirada a la subprocuraduría en Tijuana y entregada a un grupo especial de investigadores, por parte de la procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, aparentemente las indagatorias se fortalecieron y la institución estatal apeló con argumentos contundentes y pruebas que se tienen a mano, esa decisión, por lo que Correa Collazo tendrá que regresar a prisión.

Junto con este hombre son investigadas las pruebas que existen en torno de otros individuos, que a través de videos y supuestos portales de noticias han negado su participación en estos hechos, e inclusive han amenazado no solamente a los acusadores, sino también a los periodistas y medios donde se ha difundido esta información, con el propósito de amedrentar y evitar que la justicia avance.

Para esto han recurrido a señalamientos falsos, sin fundamentos, vulgares y llenos de improperios, para evitar ser relacionados en esta investigación, pese a todas las publicaciones ofensivas que han hecho contra una gran cantidad de ciudadanos, incluidos entre éstos: políticos, gobernantes, empresarios, familiares de éstos (incluidas mujeres) y periodistas. A la mayoría de sus víctimas les han exigido la entrega de dinero en efectivo para cesar en sus ataques.

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