TIJUANA BC 19 DE OCTUBRE DE 2018 (AFN).- El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Jaime Bonilla Valdez, atendió las denuncias de comerciantes a quienes les exigen cuotas indebidas de entre 700 y 4,000 mil pesos en un promedio de 120 operaciones diarias en “patios” de PROFEPA que son predios de particulares.

El senador se dirigió a los funcionarios de Aduana y PROFEPA, a los que exhortó atender las quejas en la región para no tener que trasladarlas a otras instancias en la Ciudad de México.

Bonilla indicó que “esto es lo que quiere el nuevo gobierno, que se resuelva aquí. Queremos facilitar, no complicar a ninguna dependencia”.

En la reunión estuvieron además de importadores de madera para el comercio de este producto en Tijuana, el presidente de la CANACO, Mario Escobedo Carignan; Enrique Orantes, administrador de la Aduana; Guillermo Peredo Rivera, Administrador Central de Operación Aduanera en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y, el subprocurador de la PROFEPA, Arturo Rodríguez.

Ante los comerciantes, Bonilla aseguró que se está cambiando el régimen y la forma de gobernar para evitar que se sigan cometiendo actos de corrupción.

Los comerciantes señalaron que no les parece legal y justo que les exijan un cobro de entre 700 pesos y 4,000 pesos por “carga” que entra a un predio de particular utilizado como “patio de revisión” por la PROFEPA (Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente), y que diariamente pasan entre cien y ciento veinte camiones cargados.

Bonilla se comprometió a revisar los contratos de comodato para la utilización de este tipo de predios privados, con el fin de que se castigue a quienes resulten involucrados en negociaciones ilícitas como las que están denunciado.

No solamente es el cobro variable que les exigen al entrar los camiones cargados con madera a los “patios” habilitados para PROFEPA que da el “visto bueno” para que ingresen las maderas a territorio mexicano (Tijuana), sino que la investigación es para descubrir a los propietarios de los predios y a los funcionarios que autorizaron los contratos de “comodato” o cualquier otra modalidad y que “están haciendo el gran negocio”, indicó.