* Anuncian demanda en conferencia
* "Plagado" de ilegalidades el contrato, afirman

Por Atahualpa Garibay Reyes

TIJUANA BC 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (AFN).- Por presuntos actos de corrupción y violación a diferentes leyes, la cúpula empresarial de Baja California presentará una denuncia  ante la Contraloría en contra de quien resulte responsable por el proceso de licitación y contratación del C5i.

Así lo anunció Rodrigo Llantada Avila, presidente de la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, quien informó que esta denuncia la apoyan todos los organismos patronales del Estado, después de analizar toda la información de este proceso.

Advirtió que la denuncia se presentará mañana y que la Contraloria tendrá 30 días hábiles, y en caso de no proceder incurriría en encubrimiento.
Los integrantes de Coparmex Baja California y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (Ccspe) ofrecieron una rueda de prensa para reiterar su inconformidad con la asignación del contrato de casi 800 millones de pesos a la empresa Seguritec.

Las "ilegalidades" en contratación
Ante lo que consideran un "cúmulo de irregularidades" en el proceso de licitación y contratación del proyecto C5i, la Coparmex y el Ccspe recurrieron a la justicia federal para evitar que Seguritech ejecute la obra de casi 800 millones de pesos procedentes del erario estatal.

En la conferencia, los dirigentes de los organismos empresariales de los cinco municipios, acompañados del presidente del Ccspe, Juan Manuel Hernández Niebla; y por el diputado estatal Jorge Eugenio Núñez Lozano (del Partido de Baja California (PBC), dieron a conocer las observaciones que hicieron a dicho proceso, que surgió del Decreto 153 del Congreso y en el que se estableció que debía realizarse por medio de una licitación pública y abierta, la asignación de la obra y la operación del mismo.

Una de las acciones legales, informaron, fue solicitar en dias anteriores un amparo ante un juez, para detener el proceso de pago del gobierno estatal a dicha compañía; y en los primeros dias de octubre se resolverá el juicio de amparo y el Estado también deberá realizar el primer pago a Seguritech, que es de 19 millones de pesos.

Denuncias en congreso federal
Los líderes empresariales aseguraron que, además, dicha compañía tiene más de 21 denuncias ante el Congreso de la Unión, "por los malos servicios a la administración publica" y, de acuerdo a diarios nacionales, tiene otras denuncias en entidades por falla en sus equipos.

Afirmaron que, después de un riguroso análisis, detectaron "visos de corrupción" y la "abierta violación a leyes estatales", por lo que recurrirán a la Contraloría del Estado para denunciar a funcionarios que fueron omisos con el cumplimiento de los ordenamientos legales.

Los lideres empresariales coincidieron en que con el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, el contralor estatal está facultado y obligado a investigar la denuncia, y cuenta con 30 días hábiles para responder a la misma.

“En caso contrario, si no responde con su obligación, el titular de la Contraloria también seria responsable de ello”, reiteró Llantada Avila en la de prensa ofrecida en la sede del organismo de esta ciudad.

Otros señalamientos
En la conferencia, Hernández Niebla acusó que en el proceso de licitación “No se cumplieron los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación de recursos públicos al ser sólo dos compañías las que licitaron, Seguritech e Interconecta, donde la segunda fue desechada por no sustentar a su representante legal, con lo que la decisión final no incluyó números comparables".

Señaló que “igualmente, no se invitó a todas las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública a la apertura y presentación de las propuestas”.
Subrayó Hernández Niebla que “no se cumplió la plena transparencia y máxima publicidad requerida en la autorización del Congreso, al no incorporar a la sociedad civil organizada en calidad de testigo social en la supervisión y evaluación del proceso de licitación”.

“En relación a la empresa ganadora, Seguritech, según reporte de un diario nacional, la misma tiene interpuesta seis denuncias ante el Congreso de la Unión por presuntas irregularidades en torno a 22 proyectos implementados en 22 estados y municipios del país”, indicó.

El Presidente del CCSPE dijo que “en resumen, el C5i de la manera como está planteado no va a solucionar el problema de inseguridad que tenemos en el Estado”.
Dijo que antes de eso, se necesitan más y mejores policías, con equipos, capacitación, sueldos y prestaciones adecuados.

Explicó que “ya existen C4’s operando en todas las ciudades del estado, con los resultados que podemos ver, donde inclusive en los 911 no se contestan en promedio 10% de las llamadas”.

Manifestó que “una inversión y deuda de esta magnitud debe ser totalmente transparente a la ciudadanía garantizando una baja en la incidencia delictiva. (Por ello) estamos solicitando al juzgado la suspensión de este proyecto hasta que todas las variables antes mencionadas sean evaluadas”.

Fuerte inversión

En la atención a medios, se informó que mediante el decreto 153, el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal un proceso de licitación para firmar un contrato para convertir los C4 actuales en C5i, con una inversión de 789 millones 280 mil 700 pesos, pagaderos a través de una Asociación Público Privada (APP) en 10 años.
El 31 de agosto pasado, se informó, el diputado Núñez Lozano presentó una carta al Ccspe, para requerirles una evaluación, y de ser necesario un pronunciamiento en referencia al mencionado proyecto.

"En evaluación hecha por este consejo, los Comités Ciudadanos de Seguridad de los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, la Federación BC y los centros empresariales Coparmex de Tijuana, Mexicali y Ensenada; decidimos presentar un amparo en el Juzgado 4 de Distrito en materia de amparo y juicios federales, basado en los siguientes fundamentos:

Según la Coparmex, la inversión arriba señalada no parece ser conmensurable al número de cámaras, arcos y botones de alarma que se incluyen en el proyecto.
En el mismo tenor, 200 cámaras, 5 mil 300 botones de pánico, y 9 arcos de reconocimiento de placas son claramente insuficientes para captar y notificar los movimientos y actividades dentro de la geografía del Estado", se expuso en la conferencia.