• Denuncia irregularidades en Vialidad y Transporte
TIJUANA BC 24 DE ABRIL DE 2018 (AFN).- Un inspector de vialidad y transporte del ayuntamiento, que había denunciado hostigamiento laboral por infraccionar en marzo pasado a un transportista, fue finalmente despedido de su cargo, cumpliéndose así la amenaza que le había lanzado este último, por lo que presentó queja formal y responsabilizó al Director de la dependencia, Francisco Javier Palacio Borquez, de lo ocurrido.
El despido fue la culminación de una serie de insultos y amenazas directas de Palacio Borquez, y represalias a través de sus jefes inmediatos, por atreverse a denunciar formalmente el incidente ante Sindicatura y la Procuraduría General de Justicia del Estado, y exponer uno de múltiples casos de protección a transportistas de la ciudad de parte de los responsables de Vialidad y Transporte, aseguró Javier Omar Ruiz Vela.
El Inspector, quien esta mañana estaba citado en Sindicatura para comparecer en torno a la investigación del primer incidente, dijo a Agencia Fronteriza de Noticias, que lo que parece haber detonado la decisión de su despido, fue el hecho de haber infraccionado a un chofer de la empresa Altisa hace unos días.
No obstante, explicó, lo ocurrido en su caso es tan solo una muestra del clima de trabajo en que se desempeñan los inspectores de la dependencia, bajo la consigna de cubrir una cuota diaria de 10 multas, y la prohibición de “tocar” a gran cantidad de empresas transportistas y unidades específicas de los diferentes gremios.
Como lo publico AFN el pasado 21 de marzo, Ruiz Vela fue agredido verbal y físicamente por el chofer de un taxi libre al ser infraccionado. Durante el incidente recibió además amenazas de muerte via telefónica, de parte del presunto propietario del vehiculo, identificado como “Frank Mijares”, a través del altavoz del celular del chofer.
El chofer respondió altaneramente y en forma prepotente se negó a entregarlos sus documentos, argumentando que él no era nadie y que ni siquiera lo iba a poder infraccionar. Acto seguido comenzó a manotear golpeando su antebrazo con la palma de la mano, sacó su celular y comenzó a grabarlo, afirmando que enviaría ese video al jefe del inspector, el recientemente designado titular de la dependencia, Javier Palacios.
Previamente el taxista le había amenazado diciéndole que su patrón era “alguien muy pesado” y que le iba a “pegar un levantón”. Curiosamente después del incidente, relata el inspector, fue objeto de presiones y acoso de sus superiores en la dependencia, por lo que ante el temor fundado de sufrir represalias decidió denunciar formalmente los hechos ante la PGJE, y turnó copia de ello a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento.
La escena, explicó el inspector a AFN, es típica. Con frecuencia los taxistas abordados se dirigen a ellos incluso con altanería y prepotencia, se niegan a entregar documentos, de inmediato llaman por teléfono a los dueños del taxi o calafia o directamente al supervisor de Vialidad y Transporte, y en no pocos casos al titular de la dependencia, Javier Palacio.
Tal como se los anuncian los choferes infraccionados, la llamada de los funcionarios llega de inmediato y con ello la orden de dejarlos ir. En no pocos casos, algunos vociferan a los inspectores que ellos “están puestos” con los responsables de Vialidad y Transporte.
Los inspectores tienen instrucciones precisas de no acercarse siquiera al centro comercial Plaza Rio Tijuana, el centro comercial Plaza Galería o la garita de San Ysidro.
La prohibición también incluye multar o si quiera parar a unidades de la mayoría de las empresas transportistas, incluidas las compañías dedicadas al transporte de personal de empresas maquiladoras y otro tipo de industrias en la ciudad.
Luego del regaño por decidir infraccionar al chofer de la unidad número 396 de Altisa por circular con exceso de humo, el inspector fue advertido que sería castigado y enviado a la central de radio y bajo la subordinación de uno de los superiores, y durante el encuentro con el funcionario en que se le exige firmar el documento aceptando el cambio de asignación, el Director le arrebató una cámara de video que utilizaba como respaldo y seguridad personal, para documentar incidentes y cualquier tipo de agresión en su trabajo.
Omar Ruiz Vela promovió ese día una incapacidad para atender un problema de salud, y este lunes se reportó listo para cumplir la nueva encomienda, pero fue recibido con el aviso de que su contrato había expirado por negarse a asumir las órdenes.
De inmediato envió un telegrama al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro para hacerle saber lo ocurrido, y horas después presentó queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California porque “no es justo, solo estoy peleando mis derechos”, dijo.
“De plano no podemos hacer nada. Por el poder del transporte y la corrupción interna, ha mermado la autoridad, ya los inspectores no tienen autoridad, la institución se degrado, se devaluó debido a esos actos de corrupción”, señaló finalmente.
