ENSENADA BC 23 DE ABRIL DE 2018 (AFN).- Un total de tres denuncias por mala administración de fondos federales entregados al Ayuntamiento de Ensenada, fueron presentadas en la Ciudad de México ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia de la Procuraduría General de la Republica (PGR), por la síndico procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos.

La funcionaria destacó que en los tres casos se presentó denuncia de hechos por el delito que resulte de la investigación correspondiente y en contra de quien o quienes resulten responsables de esas acciones.

La primer denuncia corresponde al ejercicio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) del año 2016, donde hay evidencia documentada por el empleo indebido de 38 millones 691 mil 226.51 pesos, para fines distintos a los que fueron destinados, que debían emplearse en reforzar seguridad pública, y no fue así.

La segunda denuncia es con relación al ejercicio del Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece) del año 2016, del que también se documentó el desvío indebido de los fondos destinados para ese ramo por la cantidad de 22 millones 300 mil pesos para fines distintos de los que fueron otorgados.

Los fondos del Fortalece son destinados a la generación de infraestructura, principalmente pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte. Dentro del paquete de contratos de obras del 2016, se encontraba la denominada Ciclovía, la cual quedó inconclusa por falta de pago.

La tercer demanda es en relación al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Fondo Fais) de 2016. La síndico dijo que también se documentó este desvío indebido de los fondos destinados para el ramo 33, por la cantidad de 89 millones 675 mil pesos para fines ajenos a los que fueron destinados; obras que no se realizaron y debían beneficiar a población en pobreza extrema, de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social y en las Zonas de Atención Prioritaria de México.