TIJUANA BC 21 DE FEBRERO DE 2018 (AFN).- La percepción de corrupción de los mexicanos hacia sus autoridades ha incrementado en los últimos años, aunado a que organismos internacionales colocan a nuestro país como uno de los más corruptos de América Latina, opinó Elba Estudillo, presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 

La funcionaria se refirió, incluso a datos de Transparencia Nacional, que señalan que los mexicanos pagan hasta 32 mil millones de pesos únicamente en agilizar los trámites que realizan en dependencias de gobierno, incluso se da cuenta de que el promedio de lo que los mexicanos pagan por cada soborno es de 165, en todas las esferas de la administración pública, lo que afecta principalmente a las familias más pobres. 

Luego de una capacitación en materia de acceso a la información proporcionada a periodistas locales, la funcionaria refirió que aún resulta complicado acceder a los datos del gobierno, sin embargo, resaltó la relevancia de que ahora las plataformas de transparencia permitan el acceso directo de los usuarios hacia los sujetos obligados a dar información. 

El principal reto, dijo, es que homologuen las plataformas de acceso a la información, tal y como determinan recientes reformas a la legislación, ya que el hecho de que haya diversas plataformas y no únicamente con la nacional, denominada INFOMEX, puede confundir a los ciudadanos. 

"Sí sigue habiendo obstáculos, hemos evolucionado hacia un sistema único de acceso, que todavía no está funcionando al 100 por ciento, creo que sí falta un poco de voluntad de aceptar que no podemos estar trabajando cada quien con un sistema distintos", dijo. 

Según Estudillo, la mayoría de la información que los bajacalifornianos piden a sus autoridades tienen que ver con los datos presupuestales y económicos. La consejera agregó que es necesario que respalde la información y los archivos públicos a manera de utilizar la plataforma nacional de transparencia. 

Sólo el año pasado, el ITAIP aplicó 500 recursos de revisión, que refieren a quejas por un equivocado otorgamiento de la información pública solicitada. En la mayoría de los casos, la dependencia responde una vez que el ITAIP interviene. 

Las multas a los que un sujeto obligado puede hacerse acreedor en caso de no otorgar la información oscilan entre los 12 y los 100 mil pesos.