*.- Urgen intervención de Hacienda

TIJUANA BC 15 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Al momento, la deuda pública en Baja California asciende a 27 mil millones de pesos, sin embargo dictámenes como el 94 y 95 -ya aprobados de forma polémica por el Congreso Local-, podrían incrementar la deuda pública a 110 mil millones de pesos. Así lo manifestó el titular del Consejo de Organizaciones Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña.

En el caso del dictamen 95, relativo a dar garantías de pago a la empresa que operará la desalinizadora de Playas de Rosarito, consta de un costo de 84 mil millones de pesos a pagarse en más de tres décadas.

El otro, orientado a la compra de tecnología para constituir el llamado C5i, endeuda al Estado por 800 millones de pesos.

Para el abogado, eso convertiría a Baja California en "alerta roja" del sistema de alertas que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); actualmente Coahuila ya tiene esa clasificación. Baja California ya ostenta poco más de los 27 mil millones.

La entidad ya es "alerta amarilla" para la SHCP, por lo que en 2018 tendrá un margen (permitido por la dependencia federal) de endeudarse por un 5 por ciento de sus ingresos totales anualmente, ascendentes a 50 mil 500 millones de pesos, es decir, alrededor de dos mil 500 millones de pesos.

La anualidad que se pagaría por el agua desalada por sí misma supera los dos mil millones de pesos, lo que sumado al pago del C5i superaría ese tope y convertirían al Estado en "alerta roja".

Tales situaciones están contempladas en la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, por lo que el COCI buscará que la SHCP actúe. Además, se acercarán a una Comisión Especial de la Cámara de Diputados a fin de que se exhorte al Congreso de Baja California a revertir tales disposiciones.

Por otro lado, el abogado puso énfasis en la importancia de revisar si esos gastos estarán integrados en el Presupuesto de Egresos de 2018, lo que fortalecería la revisión que tenga que hacer la SHCP.

Será la próxima semana cuando el COCI envíe los oficios correspondientes a la capital del país, tanto a la SHCP como al Congreso de la Unión. 

El abogado consideró que esas disposiciones "colapsan las finanzas públicas". En su presentación ante el COCI dijo que sólo el Dictamen 95 compromete la capacidad de deuda de los próximos seis gobernadores. 

En entrevista para Agencia Fronteriza de Noticias, Atilano Peña resaltó que existe la posibilidad de que el gobierno de Baja California no esté presentando todos los detalles de la deuda, ya que de hacerlo la SHCP ya hubiera constatado de que los límites están rebasados o por rebasarse. 

La Comisión Especial la integran diputados y senadores. 

Con ello, el gobierno federal puede calificar de inviable el endeudamiento, y evitar que eso se integre al Presupuesto y se gaste. 

"El Estado ha estado ocultando no ha llevado el registro de Hacienda todo lo que está haciendo", dijo. 

La Ciudad de México está endeudada con 72 mil millones de pesos, siendo primer lugar nacional. Coahuila tiene ya alerta roja con 30 mil millones. 

Ayuntamiento debe integrar Consejo. 

Atilano Peña expresó que si bien la reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado no vincula al ayuntamiento a crear el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, el documento da validez a un punto de acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE) que sí lo hace. 

Incluso el órgano electoral ya comisionó a un consejero para vigilar que se integre el Consejo y que revise la solicitud de plebiscito que pretende dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público y el alza al transporte público. 

El IEE ya ordenó la integración inmediata, esa orden fue respaldada por el Tribunal, y da cuenta de que el Reglamento en la materia sigue vigente pese a las declaraciones del gobierno de la ciudad. 

Para Atilano Peña, el IEE deberá vigilar que se cumpla su punto de acuerdo. 

Aunque el Reglamento da cuenta de que durante el período comprendido entre la Preparación de una Elección y días después de la jornada electoral no se puede hacer un plebiscito, el abogado aclaró que eso no exime al ayuntamiento de integrar el Consejo, y programar el plebiscito hasta después de la jornada electoral. Para dar certidumbre a su realización. 

En ese sentido, opinó que en ese caso se debe tomar en cuenta a la Constitución del Estado y la Ley Estatal de Participación Ciudadana, que están por encima del Reglamento Municipal.