No muestra voluntad gobierno de BC
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No muestra voluntad gobierno de BC

Tijuana BC - martes 25 de julio de 2017 - AFN.
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*.- Para resolver problema de inseguridad, dice García Burgos

TIJUANA BC  25 DE JULIO DE 2017 (AFN).- Los problemas de inseguridad pública se resuelven en parte con recursos y acciones administrativas concretas, pero sobre todo con una voluntad que hasta el momento no se ha visto de parte del gobierno bajacaliforniano, lamentó hoy Francisco García Burgos, presidente de la Fundación Educando Conseguimos Paz, A.C. (EDUPAZ).

Esa falta de voluntad se nota, por ejemplo, cuando la autoridad niega la existencia del cobro de piso, que es una realidad conocida, y se limita a responder que no se han presentado denuncias sobre este fenómeno, como si con este acto desapareciera el fenómeno, comentó García Burgos en entrevista con AFN POLITICO Y ALGO MAS.

Otro rubro en que se acredita esa falta de voluntad, es en el hecho de que según la información oficial existente, el gobierno bajacaliforniano ha ejercido solamente el cinco por ciento del presupuesto federal destinado a Baja California para la seguridad pública, que es un fondo superior a los 300 millones de pesos.

Que eso ocurra cuando ha transcurrido la mitad del año y sigan sin ejercerse, no es válido, sobre todo porque obtener recursos es difícil, sin embargo en este caso están ahí disponibles para su aplicación.

García Burgos compartió cifras del informe del primer semestre 2017 sobre la paz en la entidad, para explicar lo que llamó “debilidad institucional”. Una carencia que explica la ineficacia de gobierno en la atención de los hechos delictivos que oficialmente son reconocidos en la entidad, y que representan apenas el 10 u 11 por ciento de los existentes, toda vez que 9 de cada 10 no se denuncian.

Se trata de la reducida cantidad de agentes policiacos, agentes del Ministerio Publico y jueces con que cuenta Baja California, y que representan aproximadamente la mitad de lo que existe como promedio nacional.

Adicionalmente, está el dato de que la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial de la entidad y órganos de control como las Sindicaturas y el Orfis, no rinden cuentas ni transparentan la información sobre su desempeño para evaluarlo.

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