*.- Irresponsable decisión de privatizar sin consultar, dijo
*.- La privatización ya había iniciado antes de la Ley abrogada

TIJUANA BC 25 DE ENERO DE 2017 (AFN). – La privatización de la operación del agua en Baja California arrancó mucho antes de la Ley estatal del Agua, e irresponsablemente los poderes ejecutivo y legislativo aprobaron ese proceso sin informar ni consultar a la población, y la abrogación de esta apenas fue solo un paso, afirmó Erika Santana, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco. Por eso, en realidad, “la lucha apenas empieza”.

En este contexto, el esfuerzo ciudadano tendrá que ser mayor y mejor enfocado, porque los actos consumados de gobierno en torno a este tema son muchos, sin embargo “creo que se pueden revertir”, aseguró la abogada.

“Yo creo que ese es el enojo más grande en la sociedad, algunas personas dicen que así era antes. Tal vez así era antes”, comentó Santana. “La sociedad después de tanto agravio que ha recibido, cuando ven su economía familiar disminuida está indignada, porque su poder adquisitivo es menor y consideramos todos, y me incluyo, que las decisiones que toma el Congreso deben de ser informadas”.

No pueden –agregó- aprobar concesiones o contratos de asociación en participación o erogaciones millonarias sin informar antes a la sociedad, porque las personas que en cada distrito votaron por cada uno de los representantes y autoridades de elección popular “tenemos el derecho de exigirles que nos informen antes de que tomen las decisiones”.

La autoridad debe sentarse a escuchar,  abrir sus expedientes, y sentarse a explicar lo que está sucediendo y las decisiones que tomaron, “no es una autocracia, fueron electos por voluntad popular, es un mandato, los mandatarios hacen la voluntad popular, la ciudadanía, nosotros, mandamos y exigimos cuentas y exigimos que se conduzcan bajo la legalidad”, recordó.

Tienen que explicar, por ejemplo, porque aprobar un emplacamiento si no se necesitaba, por qué la invasión de esferas jurídicas, por que el ejecutivo le da órdenes al legislativo si se supone que son poderes independientes, cómo y por qué decidieron entregar los contratos a las empresas que lo hicieron, bajo qué criterios técnicos, a quien beneficia y por cuanto, donde están los estudios de impacto ambiental de las obras, etc.

“Debemos revisar y ver cuáles son los agravios para encauzar la lucha jurídica, porque ese es el instrumento más poderoso para manifestarse, no tomando la Línea, que nada más nos perjudica, no tomando las gasolineras porque nada más afecta a los ciudadanos y gasolineros”, dijo finalmente Erika Santana.