MÉXICO, DF 9 DE DICIEMBRE DE 2011 (lasillarota.com).- El presidente Felipe Calderón subrayó que las violaciones a derechos humanos en que han incurrido las Fuerzas Federales en la lucha por la seguridad no son, de ningún modo, sistemáticas “ni mucho menos resultado de una política institucional”.

El mandatario anunció en ese marco que instruyó a la PGR y a las secretarías de la Defensa y de Marina para que, sin violentar la ley, “se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los ministerios públicos y los jueces civiles”, en los casos de violaciones a los derechos humanos.

Al entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011, que correspondió a Federico Fleischmann, Calderón Hinojosa indicó que se desarrollarán políticas públicas más eficaces como parte del compromiso indeclinable del gobierno federal con los derechos humanos.

“Vamos a mejorar el marco normativo para la protección y defensa de los derechos humanos” de la población, comentó el Ejecutivo federal, quien anunció siete frentes en los que se avanzará en la materia.

Indicó que, en primer lugar, se asegurará que la participación de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) en la lucha por la seguridad de los mexicanos se dé en todo momento con apego a la legalidad y a los derechos humanos.

Señaló que se pondrá énfasis en las directivas de tales dependencias para el uso legítimo de la fuerza en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad, ya sea el Ministerio Público o juez, en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia en la comisión de delitos.

En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, acompañado por su esposa Margarita Zavala; el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, y el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, informó que se profundizará en la “necesarísima” capacitación permanente y el adiestramiento de todos los servidores públicos en derechos humanos.

El titular del Ejecutivo federal ratificó su compromiso con la atención a víctimas de la violencia y, en particular, con la búsqueda de las no localizadas, por lo que se avanzará en instrumentos como el registro de ADN de los fallecidos para su ubicación.

Urgió al titular de Secretaría de Gobernación (Segob) para que se concrete la operación de esos mecanismos a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en coordinación con la PGR y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas y, si así lo dispone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hacer un equipo para lograr plenamente ese registro de ADN.

En tercer lugar mencionó que el gobierno federal mantendrá y fortalecerá una política firme de colaboración y entendimiento con la CNDH y de apertura con los organismos internacionales en el ramo.

Ratificó la apertura de su gobierno al escrutinio de los organismos internacionales en la materia e hizo notar que como muestra de ello en este año se recibió a cinco organismos de esa naturaleza, incluyendo la de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En cuarto lugar dijo que su administración tiene el compromiso y la convicción cabal de cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana en la materia.

Instruyó a todas las dependencias y entidades de la administración pública para que en el ámbito de su competencia redoblen los esfuerzos para dar pleno cumplimiento a dichas sentencias y resoluciones.

También llamó a los gobiernos estatales, municipales y los Poderes de la Unión para que en un marco de corresponsabilidad tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de las mismas.

En quinto sitio, mencionó que el gobierno federal intensificará su esfuerzo de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos, “porque todos tenemos la responsabilidad no sólo de evitar que se den las violaciones, sino de participar activamente en la promoción y defensa de tales derechos”.

En sexto lugar refrendó que el gobierno está comprometido con la protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas y lamentó que ninguno de los tres órdenes de gobierno hayan sido capaces de contener la escalada de agresión y violencia contra activistas, periodistas, candidatos y autoridades constitucionales.

“No podemos permitir que la acción de la criminalidad limite nuestros derechos y libertades y tampoco podemos callar al respecto. Todos debemos mirar con preocupación y repudiar, de manera clara y contundente, estas formas de intervención violenta de los criminales en actores destacados de la vida pública del país”, recalcó.

Por ello reiteró a todas las dependencias y entidades de la administración pública la instrucción de que avancen en la puesta en marcha de mecanismos de protección eficaces de defensores de derechos humanos y de periodistas.

Asimismo, pidió a las autoridades electorales que exploren mecanismos para la protección efectiva de candidatos y de activistas en los procesos electorales, particularmente en los que se avecinan.

Calderón Hinojosa mencionó en séptimo lugar la instrucción para que la PGR, la Defensa y la Marina “exploren mecanismos para que, sin violentar la ley vigente, en los casos de violaciones a los derechos humanos en que sean acusados integrantes de las Fuerzas Armadas, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y los jueces civiles”.