MEXICALI BC 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (AFN).- El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó hoy a las autoridades del XXI Ayuntamiento de Tijuana para privilegiar el diálogo con las familias residentes del fraccionamiento Jardín de las Bugambilias, y buscar una solución al conflicto comunitario.
En tribuna, a nombre de sus compañeros panistas, el diputado Mario Osuna Jiménez propuso al pleno del Congreso del Estado que se invite al arquitecto Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo urbano y Ecología, para que de manera urgente se restablezca la mesa de diálogo con los vecinos de los fraccionamientos Jardín de las Bugambilias y Rincón de las Bugambilias, y con la finalidad de retomar los puntos y acuerdos previamente establecidos y demandados por los habitantes de dichos fraccionamientos.
También pedirán la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, en la misma mesa, para que explique el actuar en los hechos antes mencionados en el excesivo uso de la fuerza pública; propuesta que fue respaldada también por los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Estatal de Baja California.
Osuna Jimenez dijo que “las 305 familias residentes del Fraccionamiento Jardín de las Bugambilias, perteneciente a la delegación de La Mesa en la ciudad de Tijuana, han vivido un conflicto acentuado por la desatención, la falta de comunicación y de voluntad de las autoridades de su municipio”.
Recordó que en abril de este año "la dirección de administración urbana emitió una resolución que favorecía a los residentes, toda vez que evitaba la incorporación del nuevo fraccionamiento a la misma vía de acceso, ratificando con ello la seguridad y paz pública que brinda el acceso controlado a través de la caseta de seguridad del fraccionamiento”; y que en el mes de septiembre "se emite un nuevo fallo que ordena la apertura de la vía pública y en detrimento de los vecinos, el ayuntamiento busca remover la caseta que controla el acceso al fraccionamiento, hecho que atenta contra la seguridad y tranquilidad de los vecinos”.
Cuestiona labor policiaca
suna Jiménez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, señaló que “a pesar de que algunos funcionarios municipales se han presentado a negociar con los residentes del fraccionamiento, nadie ha dado respuesta a sus solicitudes de transparentar los estudios de factibilidad e incorporación; (y) el pasado jueves 17 de septiembre, según informes de los vecinos y de los medios de comunicación, alrededor de 50 elementos de la policía municipal junto con unidades antimotines, empleando fuerza desmedida e injustificada golpearon, empujaron y amenazaron a residentes de la zona mientras la CESPT realizaba la conexión de servicios del nuevo fraccionamiento”.
El legislador dijo lamentar que el ayuntamiento "se desentienda del problema de los vecinos, pues este problema no es entre particulares, como lo afirmó el alcalde de Tijuana, ya que para ello existe una instancia garante de la urbanización de la ciudad, cuya responsabilidad recae sobre sus funcionarios”.
“Todos los ayuntamientos de nuestro estado son responsables técnica y materialmente del orden catastral, así como del mantenimiento de ciertos servicios y vías públicas, facultades conferidas por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Constitución y leyes de nuestro Estado”.
Destaco además que “el objetivo principal de esta regulación municipal es brindar seguridad física y jurídica, y el fin de que el ayuntamiento sea el encargado de la administración urbana, es porque en teoría es el gobierno más cercano a los ciudadanos, quien convive con ellos y es sensible a sus necesidades”.
"La regulación municipal en materia de administración urbana debe redundar en un bienestar cotidiano para los vecinos de cada ciudad, y es esto lo que me motiva el día de hoy a subir a esta tribuna: la indignación que generan los actos cometidos por el ayuntamiento de Tijuana, porque deben responder, cómo es que pasaron de los fines lógicos, humanistas y de seguridad que tiene la administración urbana, a la falta de acuerdos, entendimiento, trasparencia y al punto más lamentable y reprochable (..); el punto en el que el Ayuntamiento llega a los golpes e intimidaciones contra los vecinos que lo único que buscan es proteger el patrimonio que les ha costado toda una vida forjar y a los que se supone debería atender y proteger, dándoles un trato que ni para el peor delincuente es admisible”.
Osuna Jiménez señaló que dicho problema afecta la tranquilidad de las familias e inhibe al sector de la vivienda, poniendo en riesgo fuentes de trabajo y a una industria que genera una derrama económica muy importante en el Estado, y más aún cuando se trata de desarrolladores locales, que "también son afectados por la inactividad del gobierno municipal, por su falta de transparencia y falta de voluntad", agravando el problema donde se utilizaron a los elementos de la Policía Municipal, que sólo cumplen órdenes.
“Hago un llamado al orden para el Ayuntamiento de Tijuana, a que respetemos los derechos fundamentales; como Congreso del Estado no podemos permitir que esta situación persista o se repita”, concluyo.
