ENSENADA BC 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (AFN).- El Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), a través de su presidente, Elvira Romero Gutiérrez, exigió a los diputados locales una pronta solución al conflicto territorial entre Ensenada y Playas de Rosarito.

Mediante un comunicado, Romero Gutiérrez reclamó a los legisladores “que actúen apegados a las pruebas históricas, antecedentes técnicos y fundamentos legales”, los cuales según la representante “dan la razón a Ensenada”.

Dentro de su mismo reclamo, la presidenta de Codeen pidió a los legisladores que diriman el problema “con imparcialidad y no se dejen presionar por intereses políticos, económicos o de grupos”.

La representante del grupo empresarial dijo que su reproche va doblemente a sus representantes en la cámara, como son Marco Antonio Novelo Osuna y Armando Reyes Ledesma, a quienes inquirió “velar por los intereses de todos los ensenadenses que les han brindado su confianza”.

Antes, los integrantes del Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio de Ensenada (GIT) Alfonso García Quiñonez, Andrés Armenta González y Santos Segura Rubio, expusieron la falta de interés de los legisladores por resolver el problema suscitado a partir de la creación  del quinto municipio de Playas de Rosarito en 1995.

“El decreto de creación del municipio publicado durante la administración de (el goberrnador) Ernesto Ruffo Appel, establece que se le asigna una extensión de 513 kilómetros cuadrados de los mil 584 que en ese entonces tenía Tijuana, sin afectar a ningún otro municipio”, indicaron los expertos del GIT.

Sin embargo, al establecer los límites, los diputados cometieron el error de sobreponer 168 kilómetros cuadrados, con los que en teoría se invadió el territorio de Ensenada, por tanto Playas de Rosarito está reclamando un derecho aparente que no es real, señaló el abogado Alfonso García Quiñonez.

Los integrantes del GIT, organismo perteneciente al Codeen, manifestaron que luego de una reunión con el diputado Roberto Dávalos Flores, presidente de la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales del congreso local, este se comprometió a resolver el problema antes de que termine el presente año.

“Consideramos que será difícil que se cumpla en ese plazo, pero ya se analiza la posibilidad de otras alternativas legales, como proponer al presidente municipal Gilberto Hirata, que interponga un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ordene al Congreso resolver el diferendo”, advirtieron.