Tijuana BC 25 de junio de 2015 (AFN).-Transportistas de carga denunciaron el abuso discrecional e intolerable que reciben de las empresas de este sector, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que ha instituido la Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del Pacífico Norte, y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Juan Guillén Hernández, director del Grupo Mex-Cal, explicó que las acciones de fiscalización afectaron directamente al sector del transporte, al industrial, maquilador y en general a la inversión, y si bien las facultades de comprobación son discrecionales, éstas no pueden ejercerse fuera del marco legal, en base a interpretaciones lesivas, por falta de conocimiento de las normas o con el propósito de cumplir metas de fiscalización y recaudación.
Señaló que están siendo víctimas de embargos precautorios a los remolques y semirremolques, contenedores y portacontenedores, por el administrador Regional de Auditoría de comercio Exterior Del Pacifico Norte, Gabriel José García Coopel y del administrador de Auditoría de Comercio Exterior "1". Sergio Roberto Reyes Henderson.
Agregó que el mes de diciembre de 2014 y ahora en junio de 2015, fueron embargadas por esas autoridades más de 500 unidades, tratando de exigir se acredite la legal estancia, sin advertir que estos equipos, no permanecen en territorio nacional, sino únicamente dentro del plazo para realizar las maniobras de carga y descarga de mercancías, lo que viola la Ley Aduanera, su Reglamento y los acuerdos en materia de comunicaciones y transportes.
En este sentido, Guillen Hernández indicó que presentaron una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto, para enterarlo de esta situación, y solicitarle el cese inmediato de estas acciones de fiscalización, que por interpretaciones está dañando al sector transportista de los estados fronterizos, a las fábricas conocidas como maquiladoras y a sus empleados y familias.
Además de buscar una solución de fondo, están solicitando una práctica apegada a la realidad, mediante la cual se les dé la oportunidad de cubrir las necesidades de la industria en la región de acuerdo a la operación y la logística, en la que se tome en cuenta que los tiempos de espera afectan la competitividad con el vecino país y retrasa el proceso en las industrias.
Otra de las peticiones fue el de emitir reglas claras a través de la legislación o de las reglas de carácter general, para que el equipo pueda ingresar y ser retornado con la velocidad, rapidez y fluidez que demanda el comercio internacional.
El director del Grupo Mex-Cal, refirió que el sistema actual de trabajo permite una operación fluida de acuerdo al criterio de los 20 kilómetros, por lo que en este momento no es necesario realizar un cambio radical.
Indicó que el pasado mes de diciembre, CANACAR pidió el cese de estas acciones pactando que se analizaría el tema para resolver de fondo; situación que al día de hoy no se ha resuelto, y de manera unilateral se determinó acabar con ese acuerdo que fijaron las propias autoridades centrales del SAT, de la misma unidad denunciada.
Subrayó que el sector está expuesto a un riesgo potencial, porque toda la franja o región fronteriza opera en los términos del acuerdo que hoy no se respeta, sin que se emitan las reglas que deberán cumplir los transportistas para tener certeza y saber de qué forma pueden estar legalmente en el país o con qué procedimiento se debe solventar dicha acción, cuando son contenedores que en ocasiones sólo se encuentran en territorio nacional unas cuantas horas.
“Mientras no se emitan reglas generales que brinden certeza jurídica sobre la forma de ingresar a la franja de 20 kilómetros dichos equipos y mientras no se limite el exceso por parte de las autoridades fiscales, entonces, las empresas del sector serán víctimas de abusos y discrecionalidad que puede llevar a otro tipo de desviaciones”, puntualizó Guillén Hernández.
