Tijuana BC 5 de enero de 2015 (AFN).- Debido al desplome del 50% de la actividad comercial que han tenido los centros cambiarios de la localidad -en los primeros días del año- por la restricción federal en la compra-venta de dólares al menudeo, abogados fiscalistas recomendaron este día “ampararse” contra el gobierno federal.
   
Para el abogado especialista en temas fiscales, Jorge Alberto Pickett Corona, la restricción federal aludida, que implica llevar un registro sobre los usuarios que hagan transacciones a partir de un dólar y solicitarles identificación oficial, podría ser considerada -además de un “inhibidor del comercio”- una disposición que raya en la “inconstitucionalidad”.
   
Pickett Corona recordó que la nueva reglamentación fue publicada el pasado 31 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y contempla entre otras cosas, recabar el nombre completo del usuario, así como su CURP, su RFC, domicilio, teléfono y correo electrónico.
   
Al respecto, hizo hincapié en que solicitar esta información “que es de carácter personal e íntima”, contraviene lo dispuesto en el Pacto de San José, por lo cual lo recomendable era apelar al recurso de amparo.   
   
No obstante, Pickett Corona añadió que para abrir el proceso de amparo los casacambistas cuentan únicamente con un periodo de 30 días, a partir de la publicación en el DOF.
   
“Lo pueden hacer los dueños o socios de las casas de cambio que se hayan visto afectados, para que se los exima de esta ‘inconstitucional’ obligación”, concluyó Pickett.
 
Canaco califica la medida de “retrógrada”
 
Entrevistado este día por separado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, calificó la restricción a casacambistas como una medida “retrógrada” y dijo que “no se debió haber realizado” por parte del gobierno federal, pues afectará visiblemente al comercio.
 
Adelantó que, como ya se ha visto en los primeros días, habrá fuga de consumidores y de clientes al otro lado de la frontera “a San Ysidro”, lo que gradualmente provocará el cierre de negocios familiares dedicados a este giro.
   
Leyva Camacho destacó que “lo que está pasando a casacambistas es algo triste y fuera de toda lógica”, y que antes de tomar decisiones, el gobierno federal debería acercarse a conocer la frontera y descubrir la dinámica económica que vive, y las afectaciones que se derivaron luego de la homologación del IVA.
 
Anticipó que los únicos que pueden resolver esta situación serían, primeramente, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, con el que buscarán reunirse en los próximos días, y a falta de éste, buscarán de alguna manera acercarse al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; en ambos casos, dijo, deberán esperar los tiempos, pues aún no tienen nada concreto.
   
De igual manera, el presidente de Canaco hizo saber que tratarán los sectores empresarial y de comercio, reunirse con el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para coordinarse y saber qué pueden hacer para sacar adelante este tema.
 
Aplicación “ambigua” es debido a la Ley
 
Por otro lado, el representante de Canaco ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), José Manuel Ripa Wehber, declaró a Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) que el hecho de que sólo un 30% de los casacambistas esté aplicando como corresponde la normatividad, mientras que el otro 70% la ha ignorado o incluso desconocido, se debe a la poca difusión que se le dio pero también en concreto a las ambigüedades con las que fue concebida esta Ley.
   
En ese sentido, Ripa Wehber manifestó que la razón de “todo este caos” entre la aplicación o no del mandato federal se debe a que dentro de lo publicado en el DOF,  no se establecen claramente los tiempos y plazos para la obtención del mecanismo de registros que se requieren para que se aplique de forma correcta.
   
“En el Diario especifica que los casacambistas tienen 180 días para actualizar sus sistemas de registro, pero no precisa a partir de cuándo, aunque se dice que la entrada en vigor es a partir del 31 de diciembre, sin embargo, no aclara si es desde este día que se debe pedir una identificación oficial”, subrayó.
   
Asimismo, José Manuel Ripa hizo notar que estas ambigüedades han dado pie a una serie de interpretaciones convenientes entre los casacambistas que operan de manera irregular, quienes han hecho caso omiso de la medida, para continuar sus operaciones, mientras “los que quieren hacer las cosas bien, se han visto seriamente afectados, tratando de aplicar una Ley que además de ser contraria a la lógica del comercio, es también ambigua y fuera de toda proporción”.
 
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