Tijuana BC 25 de noviembre de 2014 (AFN).- Después de tres años de haber concluido la obra sigue sin operar el Penal de mediana seguridad conocido como El Hongo III, en Tecate, y para entrar en operaciones requiere de una cantidad aproximada de cerca de 80 millones de pesos anuales, según informó el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Daniel De la Rosa Anaya, quien añadió que hizo ya la propuesta para que forme parte del presupuesto de 2015.
De ser autorizada la suma para el próximo año, el Centro de Reinserción Social, que forma parte del Sistema Penitenciario de Baja California, podría contribuir a despresurizar la sobrepoblación que existe en las diversas cárceles de la entidad, principalmente la ubicada en el fraccionamiento La Mesa, en Tijuana, según reveló el funcionario.
“De una sobrepoblación del 11% en general, podría reducirse al 3%, lo cual sería de gran ayuda para desahogar las cárceles; estamos en ese proceso, pero no está definido el presupuesto (sino) hasta el mes de diciembre”, comentó De la Rosa.
Asimismo, refirió que la intención es ponerlo en operación de forma “gradual”, iniciando con la apertura de uno de sus edificios en el año 2015.
Reveló que para que pueda operar al 100% requiere de un presupuesto que pueda cubrir gastos de nómina para 300 personas, entre ellas quienes realizan labores como: policía de seguridad, custodio penitenciario y también personal técnico.
De la Rosa Anaya hizo saber que El Hongo III, al operar, albergaría principalmente a delincuentes relacionados a crímenes de alto impacto como homicidios, secuestros y narcotráfico.
En junio de 2011, fecha en que se dio por terminada la obra, el propio secretario –quien en esa época ocupaba el mismo cargo- anunció que la inversión con recursos públicos ascendió a los 268 millones de pesos, y que el centro penitenciario se perfilaba para ser uno de los más modernos y con infraestructura “de primer mundo”.
Firma convenio con cadena restaurantera
En otro tema, el mediodía de hoy el titular de SSPE firmó un acuerdo de colaboración con una cadena restaurantera dedicada a la preparación de hamburguesas; por medio de este acuerdo, los propietarios de esa firma y el funcionario entregaron tarjetas de descuentos a los oficiales de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y también al personal de Custodia Penitenciaria.
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