Tijuana BC 13 de agosto de 2014 (AFN).- El Congreso del Estado analiza la posibilidad legal de revocar la asignación del contrato a la empresa mexicana que ganó la licitación para modernizar un millón de licencias de conducir en Baja California, debido al enorme sobreprecio que ahora se sabe presentó y eventualmente, la posibilidad de volver a concursar ese proyecto, dijo hoy a Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), la diputada Miriam Ayón Castro.

 

  La diputada local tijuanense dijo que en atención a los reclamos ciudadanos que se han producido en este asunto, el Congreso decidió citar a la oficial Mayor del gobierno estatal, Loreto Quintero, y al secretario de Finanzas, Antonio Valladolid, para que presenten toda la información necesaria sobre el tema, a fin de tomar la decisión que más convenga al Estado.

 

  Como ya es del dominio público, el Gobierno del Estado concursó la renovación de un millón de licencias de conducir en la entidad, y entregó el contrato a la empresa Funciones Ocupacionales Insha S.A de C.V. y según la autoridad estatal, todo ese procedimiento se hizo conforme a la ley pues la empresa cumplió todos los requisitos y presentó la mejor propuesta.

 

  Despues trascendió que la empresa que hará el trabajo y que aportará la parte más importante en ese proyecto, sobre todo la parte tecnológica, es una empresa con sede en San Diego, y que fue  subcontratada por la empresa mexicana.

 

  La empresa ImageWare´Systems, difundió  -mediante comunicado de prensa- que por sus servicios cobraría un millón de dólares, lo que puso en evidencia un sobreprecio del 900 por ciento, pues la empresa Funcionales Ocupacionales Insha S.A. pretende cobrar el equivalente a 10 millones de dólares.

 

  En esas condiciones, con la compañía norteamericana la elaboración de cada licencia costaría un dólar, en lugar de los 10 que la empresa mexicana pretende cobrar, según se refirió.

 

  La diputada Miriam Ayón precisó que en el análisis del tema, se están discutiendo las necesarias opciones de carácter legal para decidir una eventual revocación del contrato ganado por la empresa mexicana, y posiblemente una nueva licitación.