TIJUANA BC 1 de Abril de 2014 (AFN).- El Síndico Procurador Arturo Ledesma Romo evadió hoy nuevamente hablar con medios de comunicación sobre la denuncia presentada por el organismo denominado “100 por Tijuana A.C”, el pasado 14 de marzo, ante el Ministerio Público del Fuero Común, tras considerar que el alcalde Jorge Astiazarán Orcí no dio debido seguimiento a su denuncia pública sobre extorsión dentro del gobierno municipal.

   

De hecho se dio una “persecución” del representante popular, desde la Sala de Presidentes hasta las oficinas de la Sindicatura Municipal, ya que Ledesma Romo se negó categóricamente a dar cualquier tipo de declaración a los reporteros, de tal suerte que incluso se les impidió llegar hasta sus oficinas.

  

El intento de entrevistar a Ledesma Romo se dio este día después de la toma de protesta del “Consejo Municipal de Organismos de la Sociedad Civil 2014” a la que el síndico asistió. En ese marco Arturo Ledesma dijo no estar dispuesto a dar declaraciones en este sentido, apuntando que a los medios de comunicación “les encantan los dimes y diretes”.

  

A solicitud expresa de atención, apareció su asesor, el Director de Asuntos Internos de Sindicatura, Héctor Cruz Aparicio, quien en breve entrevista apuntó que las declaraciones del alcalde de la ciudad carecían de fundamentos jurídicos, por lo tanto “no habría elementos para investigar el asunto”.

  

Respecto a la solicitud de que apareciese el síndico Procurador, para esclarecer las dudas en lo relativo a la acusación de ‘intento de extorsión’, Cruz Aparicio respondió que a Ledesma Romo no le interesaba una “guerra mediática”, por lo tanto su declaración pública no era necesaria.

  

A pregunta expresa de Agencia Fronteriza de Noticias, sobre si esta negativa de hacer declaraciones aumentaba las sospechas sobre el Síndico, Cruz Aparicio aseguró que en su momento Ledesma se pronunciaría nuevamente al respecto pero que eso sería en la instancia correspondiente.

  

Al cuestionarlos sobre si era del conocimiento del síndico y de su oficina lo relacionado con la reciente denuncia interpuesta por el grupo “100 por Tijuana A.C”, dijo que así era, pero que hasta el momento no habían sido llamados a declarar; que en su calidad de funcionarios eran “respetuosos de la ley” y que acudirían al llamado de las autoridades en caso de que se les requiriera.

  

Se le preguntó si estaban preparados para atender a esta solicitud y el director respondió que le estarán dando seguimiento para ver cómo se dan los acontecimientos y si son de relevancia.

 

Sobre las dos renuncias de funcionarios en la Sindicatura que se conocen y que “coincidieron” con la sospecha de extorsión, Cruz afirmó que ambas fueron bajo el término expreso de ‘renuncia voluntaria’.

  

La acusación del presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, advertía de actos de extorsión de parte del síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo y sus principales colaboradores que presumiblemente le exigían  la mitad de 80 millones de dólares, cantidad que supuestamente provenía de “negocios ilícitos” en el ayuntamiento.

  

Por su parte los integrantes del grupo mencionado interpusieron la denuncia penal “contra quien resulte responsable” ya que a consideración del Presidente del organismo Alberto Escourido Moreno, el gobierno municipal no dio seguimiento adecuado a esas acusaciones de extorsión.

  

Escourido Moreno, recordó que el pasado 14 de marzo se levantó el acta ante el Ministerio Público por lo cual inició una averiguación previa con el número de expediente 67/14/204/AP.

  

Calificó ésta como una denuncia ciudadana “para pedirle a las autoridades que esclarezcan la situación”. Luego aseguró que procedieron debido a que “no se nos hace justo que ‘al ver un caso tan delicado se le haya estado dando un tipo de simulación’, donde se manda a investigar en un área de Cabildo por un regidor, y pues se fue pasando el tiempo y no queremos que se vaya diluyendo, sino que se le dé seguimiento ya”

  

Escourido Moreno le hizo un reconocimiento público al primer edil por la valentía de denunciar públicamente los actos de corrupción que “se sabe que existen” al interior de las dependencias gubernamentales, pero al mismo tiempo le hizo la observación de que “debió poner la demanda correspondiente”.

  

“Su error fue decir que ‘este delito se persigue de oficio’ y dejarlo solamente en la mera mención pública”.

  

Entre las asociaciones civiles que respaldan a esta agrupación y que participan de manera activa en el esclarecimiento de los hechos destacan el  “Colegio de profesionales y estudiosos del derecho”; el “Colegio de economistas”; el “Foro cívico tijuanense”; “Ciudadanos por el derecho de la ciudad; la Asociación de descendientes de los defensores de Baja California de 1911; el  “Colegio de Jóvenes Abogados de Tijuana”, la “Asociación de colonos de Playas de Tijuana”, la “Asociación de colonos de camino verde”, la organización “Tijuana Activa” y  “Unidos por Tijuana”.