*.- Éste es un robo a los ensenadenses afirma el diputado Dávalos

 

Ensenada BC 26 de marzo de 2014 (AFN).- Diputados que integran el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso (OFSBC) rechazó la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, ya que consideró que esta paraestatal causó un daño patrimonial por 182 millones de pesos a los ensenadenses.

  

Por su parte el diputado perredista Roberto Dávalos Flores calificó esta acción de los encargados de la CESPE como un “robo” y dijo que los documentos presentados por el OFSBC,  dan fe de que la paraestatal efectuó pagos  por un importe de 54 millones 40 mil pesos, quedando un saldo  por cubrir de 26 millones  40 mil pesos, que al 31 de  diciembre de 2012 no se liquidó, incumpliéndose con una cláusula existente.

  

Por esto los diputados que revisaron el caso decidieron negar la aprobación de la cuenta pública correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

  

El legislador integrante de la Comisión de fiscalización dijo que no es posible que Ensenada sea uno de los municipios que más padecen la escasez de agua y que las autoridades de la CESPE hayan incurrido dolosamente en omisiones, que incluso ameritan ser investigadas por las autoridades correspondientes.

  

Dávalos explicó que el daño descubierto ocurrió el 21 de mayo de 2007, cuando la entidad celebró un convenio  con   la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V  y  con el despacho Valencia Valencia, Abogados S.C.,  a quienes les incumplieron una licitación  que por Ley les correspondía.

  

Esta empresa demandó y el Pleno del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, les dio la sentencia a favor, avalando que el citado convenio  establece en la Cláusula  Segunda, el pago de los 182 millones de pesos por daños y perjuicios.

  

El director del ORFIS Manuel Montenegro Espinoza dijo a los diputados de la Comisión de fiscalización que ese Tribunal ordenó pagos de 101 millones 920,000 pesos que representan el 56% a la empresa Tecnología y Control de Desperdicios en mención y 80 millones ochenta mil pesos  al despacho Valencia Valencia, Abogados  S.C. que representa  el 44%, de montos que serían cubiertos  del 21 de mayo  de 2007 al 1 de diciembre de 2009.

  

Dávalos Flores consideró que este daño patrimonial no solamente debe ser investigado por el Órgano de Control Gubernamental del gobierno del Estado sino también por el Ministerio Público del Fuero Común.

  

Y esto porque además del incumplimiento en que incurrió la paraestatal, de acuerdo al convenio que fue celebrado se han generado intereses moratorios al 31 de diciembre de 2012 por un monto de 23 millones 205,514 pesos, correspondientes al mismo año, que no se han reconocido en los registros contables.

 

El OFSBC precisó además que durante el ejercicio 2012, la entidad giró cheques  a favor de  Valencia y  Valencia abogados S.C.  por concepto de abono de  convenio, por un  importe de 3 millones de pesos, de lo que  la CESP Ensenada realizó registro contable  disminuyendo el capital, y no los intereses, observándose que el saldo  registrado en el pasivo por 26 millones 40 mil pesos, no es correcto.