Palco de Prensa
En días pasados, el columnista, autor de Palco de Prensa, se comprometió a no volver a abordar el tema del escándalo político que se suscitó al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador Arturo Ledezma Romo, por el supuesto chantaje o extorsión, al reclamar del edil el 50% de los ingresos indebidos.
La intención del columnista, en ese sentido, fue porque resultaba evidente que las cosas se estaban convirtiendo en una especie de “pleito de comadres”, en el que ninguna de ambas partes parecían tener la intención de darle formalidad, ante las instancias legales correspondientes.
Se sabe, que la denuncia del Alcalde, no surgió de una crisis de personalidad, que pudiese haberle llevado a referir situaciones tan delicadas, o como un mero desahogo. Porque el escenario que planteó, en momentos en que es algo común “el cobro de piso” o “los secuestros virtuales”, no es nada remoto que haya ocurrido lo que describió.
Muchos tijuanenses, consideran que Astiazarán estaba hablando con la verdad, cuando reveló que estaba siendo objeto de chantaje o extorsión, exigiéndole el 50% de los supuestos ingresos indebidos del gobierno municipal y en donde aparecían como actores principales, los hermanos Miguel y Arturo, ambos de apellidos Ledesma Romo, y dos funcionarios de sindicatura.
Tan fueron ciertos, que el Síndico, pidió y recibió las “renuncias voluntarias” de sus colaboradores : Joel Guardado, Contralor, y Rubén Salazar, asesor general. Lo sano, lo ideal, lo necesario, era que el Alcalde formalizara la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público y que se abriera la indagatoria correspondiente, contra quienes resultaran responsables. Al no hacerlo, queda la duda, respecto a la certeza de tales hechos y a su vez la imagen de la sindicatura quedó sumamente manchada y por lo tanto sin credibilidad alguna.
En un último roce, que parecieron algo así como “patadas de ahogado”, el Síndico reclamó que el Alcalde debería probar las acusaciones en su contra o limpiar la imagen de él y de su familia. El edil simplemente respondió que lo repetía y lo ratificaba.
Sin embargo, las relaciones entre ambas partes, parecieron empezarse a normalizar. El Síndico empezó a participar en los eventos convocados por el Alcalde, comportándose como si nada hubiese ocurrido entre ellos.
A esto se agrega, que “alguien”, nadie sabe con precisión si el hermano Eduardo “`pochongo” Ledezma, Delegado de Conagua, o Miguel, el empresario de las carteleras, decidió “blindar” a su hermano el Síndico, incrustrando en la dependencia a nuevos funcionarios. La primera en aparecer en escena, Dorita Pesqueira, para atender el área de relaciones públicas. Luego se habló del periodista Victor Manuel Hernández, para atención a medios de comunicación. Ayer se anunció, que las vacantes que dejaron los “renunciados”, Guardado y Salazar, serían ocupados por el exregidor Mariano San Román, militante del Partido Verde, con el carácter de contralor, y Javier Oropeza, asesor general.
Dicho con todo respeto, la integración de dichas personas, no fortalece, para nada, a la Sindicatura, en sus áreas básicas, como lo es la vigilancia y preservación del buen uso y destino adecuado de los recursos públicos. Es eminentemente técnica. Las cuestiones de imagen o relaciones públicas, son secundarias, no prioritarias. Están confundidos.
Seguramente la institución mejorará en sus relaciones públicas, en su proyección ante los medios periodísticos y en las atenciones interinstitucionales. Dejará de ser una institución conflictiva, en que se había convertido en días pasados. Cuentan, que empleados y funcionarios de Sindicatura, recorrían las oficinas de todas las dependencias municipales, en busca de supuestas o presuntas irregularidades, para iniciar nuevas indagatorias, con las que responderían las acusaciones de Astiazarán.
Ahora, se presume, funcionará sin fines revanchistas o malévolas intenciones de amolar al prójimo. En varias áreas se estaba distorsionando o descuidando el trabajo, por estarse cuidando, previendo posibles acciones de parte de la Sindicatura. No sabían, ni por donde les iban a llegar.
Pero si era lamentable, que de dicha dependencia surgieran presuntas acciones ilegales, o muestras de abusos de poder, también es lamentable que ahora se convierta en una institución “chimuela”, tan mansa, que soslaye los actos indebidos de los funcionarios.
Que cumpla con sus funciones, conforme a las leyes que le regulan. Porque tiene muchos pendientes, respecto de los cuales no ha dicho nada, como lo son las numerosas irregularidades o inconsistencias, relativas a la administración del XX Ayuntamiento de Tijuana, que encabezó el empresario priísta Carlos Bustamante Anchondo.
Como el caso de las carteleras, que autorizó en sus últimas días como Alcalde, beneficiándose el propio Bustamante y de paso al Micky Ledesma, e incluso al propio Síndico Procurador, al autorizarles un buen número de concesiones para instalar carteleras en la vía pública.
De manera especial, el asunto de las luminarias, tan burdamente manejado, y que podría ser considerado como un megafraude. En especial ahora que ha trascendido que dichas “lucecitas” nunca las compró el Ayuntamiento, sino que simplemente las rentó, aunque las pagó a precio de compra.
Está bien, que ya no haya pleito con el Alcalde, pero no se trata de simplemente “dar la vuelta a la hoja”. Que la Sindicatura cumpla con sus verdaderas funciones. El ser tapadera de funcionarios o exfuncionarios, no es lo suyo.
