*.- Ejidatarios exigen devolución de tierras, locatarios se inconforman

 

ENSENADA 5 DE DICIEMBRE DE 2013 (AFN).-  El alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, detuvo el desalojo de  locatarios que se ubican en unos 15 mil metros cuadrados de la zona comercial de La Bufadora,  demanda por los ejidatarios vía judicial,  y se pospuso la acción hasta el próximo viernes, en tanto se busca una solución adecuada.

 

Los locatarios, , bloquearon hoy por unas horas el acceso al Centro Turístico de la Bufadora  para evitar el desalojo que se tenía programado para el medio día de hoy, pero de no cumplirse con esta disposición, el  alcalde enfrenta el riesgo de la destitución del cargo y la consignación al ministerio público federal por el delito de abuso de autoridad y los que resulten,   causantes de la desobediencia a un mandato judicial federal.

 

Los ejidatarios promovieron un juicio  en 2012, para el rescate de la zona donde se ubican los locatarios, y donde acusaron al gobernador y secretario de gobierno del Estado de Baja California así como a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano estatal,  de despojarlos de sus derechos de uso y disfrute de su propiedad.

 

El Juez Décimo de Distrito, a petición expresa del Ejido Coronel Esteban Cantú, dentro de los autos del juicio de garantías, por auto de fecha 3 de diciembre del 2013, requirió  al Ayuntamiento de Ensenada,  para que cumplan el Fallo federal, señalándoles para que en punto de las 12:00 horas del día 5 de diciembre del 2013, se realicen la entrega física y material de la superficie propiedad del ejido quejoso.

 

Oficialmente el documento del Juzgado indica que se apercibió a las autoridades de que  en caso de no hacerlo en los términos ordenados, se seguirá en su perjuicio el trámite previsto en el artículo 105 de la ley de amparo aplicable, en relación con el articulo 107 de la constitución general de la república, en donde se establece medularmente, la destitución del cargo y la consignación al ministerio público federal por el delito de abuso de autoridad y los que resulten, en contra de todos estos funcionarios, causantes de la desobediencia a un mandato judicial federal.