TIJUANA BC 30 DE AGOSTO DE 2013 (AFN).- La inhabilitación por ocho años que anunció Sindicatura municipal contra el ex secretario de seguridad, Julián Leyzaola Pérez, no lleva tintes políticos, señaló la síndico procurador Yolanda Enríquez de la Fuente; tras reiterar que la decisión fue en cumplimiento a una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Baja California.

 

"Yo no sabía que Julián Leyzaola perteneciera a ningún partido político, ¿no?, como para tomarlo como polìtico", respondió lafuncionaria municipal a pregunta expresa, en rueda de prensa.

 

Enríquez de la Fuente agregó que en esta instancia quedan aún pendientes por resolver cuatro denuncias, dos de ellas que involucran al ex jefe policiaco y al capitán Gustavo Huerta Martínez, su entonces director de policía; pero se estima que, por los tiempos que llevan los procedimientos no quedarán concluidos en esta administración municipal, aunque quedarán "activos" en los expedientes que se entregarán el equipo de transición del próximo 21 Ayuntamiento.

 

De las denuncias, dijo, dos van contra ambos por tortura y abuso de autoridad, uno contra Leyzaola por el mismo tema y uno contra Huerta por falsedad de declaraciones; y todos fueron motivo de la recomendación 10/2011 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibidos al inicio de la administración.

 

Enríquez de la Fuente reiteró que, a partir de mañana 31 de agosto, entra en vigor la inhabilitación del Teniente Coronel Leyzaola como del capitán Huerta, quienes actualmente ocupando carteras similares en el ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua; y ninguno podrá ocupar puestos públicos de nivel municipál, estatal o federal en Baja California desde el 31 de agosto de 2013 al 31 de agosto de 2021. 

 

La síndico reiteró que mediante el procedimiento de responsabilidades correspondiente de la CNHD se acreditaron violaciones a los derechos humanos fundamentales en su modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública; derivado de la queja que en enero de 2011 cuatro agentes municipales presentaron en esta instancia acusando a los ex mandos de ejercer, facilitar y permitir actos de tortura en su persona para inculparlos en acciones delictivas.

 

Determinan que hubo tortura

 

La directora de responsabilidades de Sindicatura Municipal, Albina Gómez Serna, explicó por su parte que en marzo de 2011 la CNDH y la PDH enviaron al 21 Ayuntamiento de Tijuana la recomendación 10/2011, observando que el órgano de control deberá iniciar un procedimiento contra los señalados.

 

Se continuó con el procedimiento, dijo, desahogaron pruebas y encontraron elementos que señalan Leyzaola Pérez y a Huerta Martínez "responsables de actos violatorios de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California".

 

La CNDH aplicó a las víctimas el Protocolo de Estambul determinando que sí sufrieron tortura física, comentó, y en el caso de los cuatro policías denunciantes fueron reinstalados en sus cargos "porque fueron suspendidos preventivamente y no removidos de sus cargos".