MEXICO DF 27 DE AGOSTO 2013 (AFN).- Una mujer que en agosto del año 2011 demandó una pensión alimenticia al padre de sus dos hijos que sufren discapacidad, permaneció recluida un año injustamente en el penal de Santa Martha Acatitla, por una acusación falsa  por delitos de fraude genérico y actos de violencia contra los menores, y para evitar casos similares, La Procuraduría Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió una investigación extrema, y la reparación del daño.

  

Un comunicado de prensa informó que la CNDH presidida por Raúl Plascencia Villanueva, solicitó a las autoridades del Distrito Federal, las acciones y omisiones de algunos servidores públicos así como  capacitar a su personal sobre los derechos de los niños y mujeres con el objeto de garantizar la no repetición de actos como el de la mujer que fue privada de su libertad de su libertad.

  

La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer al re victimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos.

  

Condena el hecho de que las autoridades de la esfera judicial quebranten las leyes al ponerles trabas y obstáculos para acceder a esas pensiones; este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

  

En agosto de 2011, la agraviada demandó al padre de sus hijos una pensión alimenticia a su favor y el de sus menores, que sufren una discapacidad;  por su parte, él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, transgresiones que finalmente se demostró, nunca existieron.

  

Al ver que se violaban sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso, la mujer solicitó, desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde estaba recluida, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que le apoyaran a ella y a sus hijos.

  

Ello no fue posible, ya que sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación bajo el argumento de que “no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos”.

  

La agraviada interpuso entonces un recurso de impugnación ante la CNDH, a través de la cual describió los agravios que le causó la Comisión del D.F., mismos que el Organismo nacional acreditó debidamente.

  

En su investigación, la Comisión Nacional constató la existencia de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al acceso a la justicia, al acceso a las garantías y al debido proceso legal, de la mujer y de sus dos menores hijos con discapacidad, a quienes se les violentó el derecho de los niños y al desarrollo integral de la niñez.

  

Solicita que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias, dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a esta Recomendación.

  

Les pide colaborar en el trámite de las quejas que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del D.F. y ante el Consejo de la Judicatura de esta capital, respectivamente.