Por: Juan Manrique Olmos

TIJUANA BC 23 DE AGOSTO DE 2013 (AFN).- En la canalización del Río Tijuana, no solamente deambulaban o vivían vagabundos, deportados o adictos sino que se generaba una economía “sui-géneris” de alrededor de 200 mil pesos diarios, estableció el antropólogo Víctor Clark Alfaro, en entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias.

Este fenómeno se daba, ya que en promedio, cada adicto que habitaba en la zona, consumía como mínimo, cinco dosis de droga, con un costo de 50 pesos cada una y a decir del director del Centro Binacional de Derechos Humanos (CBDH), de entre mil personas que vivían ahí, un 90 por ciento eran consideradas adictas.

AFN acudió con el antropólogo para conocer otra de las “caras” de la “vida diaria” de este lugar, que de la noche a la mañana se convirtió en “habitación” de miles de personas, muchas de las cuales para subsistir robaban y como consecuencia de esto, afectaban la seguridad de la población.

Además, la insalubridad en la que sobrevivían en ese sitio, generó “focos de contagio” de diversas enfermedades, por lo que las autoridades municipales decidieron desalojar el área, no obstante que ya algunos de estos cotidianos “usuarios” han regresado al multicitado canal.  

En los 17 kilómetros que comprende la obra de canalización del Río Tijuana, Clark Alfaro comentó que era usual ver que entre los adictos consumían cristal o heroína y señaló que cada uno de éstos se aplicaba entre 3 y 5 dosis diarias de la droga de su preferencia.

Estos individuos para poder “mantener su enfermedad”, reconoció Clark, se dedicaban al “robo menor” o sea, a hurtar baterías de vehículos en las zonas aledañas; una copa de carro o a ejecutar un asalto a un comercio.

En Tijuana, estimó el también catedrático de una universidad en San Diego, existen aproximadamente 200 mil adictos y al igual que éstos, el millar que “radica” en el Canal busca la manera de conseguir sus dosis diarias de droga.

Por lo tanto, el entrevistado manifestó que por tratarse de un problema de salud pública y humanitaria, el Estado debe atender el problema de manera correcta y no solamente con actuaciones policiacas.

“Debe proporcionárseles hospedaje, alimento y un trabajo”, lo cual, dijo que es necesario para que las personas que allí viven puedan salir adelante.

Clark también se refirió al problema de los deportados que son devueltos por  Estados Unidos, de los cuales, señaló un 30% son ex convictos o pertenecieron a pandillas; otra cifra similar son mexicanos que vivieron en el vecino país del norte por varias décadas y otro 30 por ciento, corresponden a quienes intentan cruzar en repetidas ocasiones “y continuarán haciéndolo, mientras que el resto son mujeres que vienen con niños”.

Sobre los ex convictos o pandilleros, manifestó que se trata de un grupo que no puede ser rechazado en el país sino que por tratarse de mexicanos se requiere que el gobierno los reinserte en la sociedad, ya que en la mayoría de los casos si no consiguen trabajo, son reclutados por la delincuencia organizada para que laboren como “Halcones o Estacas”, debido a su preparación para delinquir o en el  manejo de armas de fuego.

En todos los casos de deportados, subrayó que se les deben otorgar  apoyos para que obtengan sus documentos oficiales, como son el acta de nacimiento de manera gratuita, identificación y un trabajo.

Del número de deportados con antecedentes, reveló que un grupo importante se está agrupando en diferentes zonas de la ciudad y creciendo, lo que empieza a ser un fenómeno de reorganización de pandillas en nuestro territorio, similar a la que operan en la Unión Americana, como lo son los “Maras”, “Los Norteños” y “hondureños” entre otras. De no atenderse a tiempo, sentenció, al final resultará en un problema que la policía local no está preparada para manejar.