MÉXICO DF 20 DE AGOSTO 2013 (AFN).- Un notable incremento de agresiones en perjuicio de periodistas en México, fue señalado hoy mediante un comunicado oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió la recomendación general número 20 sobre agravios y la impunidad imperante de las Secretarias de Gobernación y dependencias del sector judicial.

  

Del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, la Comisión Nacional recibió a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, un total de 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en contra de comunicadores y medios de comunicación.

  

El Organismo público autónomo observó un notable incremento en la cantidad de agresiones en perjuicio de miembros del sector periodístico sin que las autoridades procuradoras de justicia, en un importante número de casos, hayan esclarecido los sucesos que motivaron los ilícitos cometidos en su contra, tales como homicidios, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas e intimidación, entre otras.

  

La CNDH denuncia también que  las autoridades encargadas de la seguridad pública no han logrado inhibir a los agresores o desarrollado políticas públicas en materia de prevención del delito, tendentes a impedir la violencia que aqueja al gremio, lo cual constituye, por acción o por omisión, un aliento a la impunidad.

  

Considera que, en su conjunto, esta situación implica una violación a los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal; a la libertad de expresión y sus correlativos a la información y la libertad de prensa.

  

Asimismo, se quebranta el derecho a la seguridad jurídica, en la que debe contemplarse una debida procuración e impartición de justicia en favor de los gobernados, así como a salvaguardar su derecho a conocer la verdad de los hechos y, además, de que se les repare el daño causado.

  

La Recomendación General número 20, fue dirigida a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, Procuraduría General de la República y Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, así como secretarios de seguridad pública y procuradores generales de justicia de las entidades federativas.