*.- Si el gobernador da marcha atrás en el decreto publicado, concesionarios demandarán por daños y perjuicios

TIJUANA BC 13 DE MAYO DE 2013 (AFN).- Las tres empresas locales que recibieron la concesión para brindar servicio de transporte “inter-municipal”, demandarán al gobierno del estado ante los Tribunales correspondientes por daños y perjuicios, en caso de que se concrete el retiro del decreto que les permite operar.

Representantes de las empresas: Transporte Metropolitano de Tijuana SA de CV; Transportes Integrales de Baja California SA de CV y Transportes Urbanos y Suburbanos “Calafia” de Baja California SA de CV, anunciaron lo anterior, frente a la determinación hecha pública por el gobierno estatal de retirarles las concesiones correspondientes, como consecuencia de las manifestaciones de organizaciones vinculadas con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Mediante un comunicado enviado a Agencia Fronteriza de Noticias, refirieron que de concretarse esa acción, defenderían sus derechos, por los daños que definitivamente les provocará lo que consideran una “decisión unilateral e injustificada” del gobierno de Baja California.

Advirtieron que esta decisión pondría en riesgo cualquier intento futuro de modernizar el transporte de la zona metropolitana, en perjuicio de los usuarios que más lo necesitan “al inhibir la inversión privada en proyectos encaminados a transformar el transporte público, dada la incertidumbre jurídica que generaría esta arbitraria acción generada por el mismo estado”.

Se refirieron a los comunicados de prensa y declaraciones de autoridades del estado, informando sobre la decisión de dar marcha atrás a este proyecto (cosa que el gobierno estatal reiteró en las últimas horas) calificando estas acciones como algo “incongruente, frustrante y decepcionante”.

Esto, porque recordaron que se hizo un trabajo de dos años y medio para diagnosticar, analizar y determinar favorablemente la procedencia técnica legal y social de este proyecto, además de los gastos que todo esto representó.

Deploraron el hecho de que la administración estatal esté resolviendo de esta manera ante las “predecibles reacciones de transportistas tradicionales”, ya que está pretendiendo “retomar un camino que no contempla la ley” e inhibir la posibilidad de un transporte digno, lo que afectará las necesidades de los usuarios de la Zona Metropolitana a la que dejará de otorgarse ese servicio.

Advirtieron que ante la afectación que esto puede provocar, ellos esperan “una razonable solución a la duda manifiesta del Ejecutivo del Estado, ya que de otro modo, el único camino será defender legal y justificadamente este proyecto transformador de la realidad que todos los días viven los más marginados de nuestra metrópoli”.

Señalaron asimismo que la necesidad de un transporte de esta naturaleza es un hecho real que aqueja y afecta diariamente, de manera negativa a quienes más lo requieren y que estuvieron desatendidos hasta el otorgamiento de estas concesiones.

Defendieron que las concesiones se les otorgaron de manera legítima, dijeron,  y de acuerdo a las facultades del gobernador ya que ellos fueron las únicas empresas transportistas que solicitaron, gestionaron y justificaron estas concesiones, en estricto apego al marco legal vigente.

También establecieron que las rutas de transporte que les fueron otorgadas, quedaron validadas tanto legal como técnica y socialmente, por las diversas autoridades, además de que se dictaminaron factibles, por lo que se otorgaron esas concesiones.

Los empresarios hicieron notar que este Servicio Inter-municipal (SIM) constaba de diferentes rutas, itinerarios y paraderos con información para el usuario, así como terminales de integración a otros tipos de transporte y tarjetas de pre-pago.

Para brindar el servicio estarían operando con equipo moderno y eficiente, en autobuses de última generación, de los llamados “amigables” con el medio ambiente y a su vez, con un sistema tarifario integrado único, que permitiría transbordar entre las rutas concesionadas.

Para esto, se utilizaría una “tarjeta inteligente personalizada” que garantizaría la aplicación automática de los descuentos a los que obliga la Ley y que son del 50 por ciento de descuento de la tarifa oficial, para estudiantes, usuarios de tercera edad y personas con capacidades diferentes.

Este proyecto, según dijeron, es financiado completamente por la iniciativa privada y no requiere recursos públicos para su implementación, equipamiento y operación.

Explicaron que la base histórica y legal de las solicitudes que presentaron, se enmarcan en una concesión estatal otorgada desde 1989 a la empresa de Transportes Calafia, que además recibió autorización en 1995 para integrar nuevas rutas, entre las que se encontraban entras tres intermunicipales, que coinciden con el trazo de lo que fue autorizado el pasado 3 de mayo de este año.

Se indicó de igual manera que se le impidió a la misma empresa, la revalidación de esas concesiones intermunicipales, a pesar de que lo solicitó de manera reiterada a las autoridades.

Al emitirse el decreto que aprobaba la operación de las tres concesiones –explicaron también los transportistas- el gobierno estatal atendió una obligación que omitió por dos décadas. Además se otorgaron esas concesiones, dijeron, debido a una omisión por parte de los ayuntamientos que no celebraron convenios específicos para prestar este servicio público intermunicipal, lo cual mantiene vigente hasta la fecha, las facultades del gobernador para recibir y resolver a petición de parte.

Insistieron en que durante dos años y medio, estuvieron solicitando, gestionando y justificando en tiempo y forma la necesidad de este servicio, por lo que les fueron otorgadas dichas concesiones, ya que se respaldó la petición con un proyecto que fue factible e incluyente, debido a que por primera vez se sumaron estas empresas en una alianza para dar una solución integral a la necesidad de centenares de miles de habitantes de Playas de Rosarito y Tijuana.

El servicio sería fundamentalmente para obreros, estudiantes, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, bajo un modelo económico y operativo eficiente y benéfico para los usuarios y suficientemente rentable para los inversionistas, señalaron los transportistas.

Hicieron saber que este proyecto  denominado SIM o Sistema Intermunicipal Metropolitano “ofrece un servicio diferente al que hoy se presta, al estar compuesto  de itinerarios adaptados a los deseos de viaje en la zona metropolitana,  que harían paradas limitadas necesarias, de manera puntual, en lugares preestablecidos, lo que reduciría considerablemente los tiempos de traslado de los usuarios. Se brindaría por lo tanto, servicio ordinario y exprés sobre las mismas rutas y esto generaría una mayor calidad de vida para los usuarios.

Además integraría sistemas municipales del transporte tradicional de ambos municipios, al contemplar y propiciar enlaces y operación conjunta, mediante convenios establecidos en las concesiones  Su parque vehicular, según dijeron, tendría itinerarios relacionados con las “horas pico” de demanda de usuarios, respondiendo de manera inmediata a las necesidades del transporte.

Con este Sistema, anunciaron que se disminuirían costos, habría cobertura de zonas desatendidas y se reducirían considerablemente los tiempos de traslado, en tanto se ofrecería un servicio de “primer mundo” al Centro Metropolitano de Convenciones”.