MÉXICO DF  25 DE ABRI DE 2013 (lasillarota.com).- Con 451 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversos ordenamientos para que el Ministerio Público Federal pueda atraer delitos del fuero común cometidos contra periodistas y medios de comunicación.

 

De esta forma, se modifica el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal.

 

El documento se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

 

A nombre del PRI, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda destacó que esta reforma abonará a la protección de los periodistas y medios de comunicación.

 

Demandó a la Junta de Coordinación Política de este órgano legislativo que se integre la Comisión Especial que da seguimiento a estos casos.

 

En la tribuna, la panista Esther Quintana dijo que es doloroso, lamentable y reprochable que en México se den hechos que vulneran la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.

 

Destacó que se debe garantizar la seguridad de los periodistas  e informó que después de un mes de desaparecido fue encontrado muerto el joven Daniel Alejandro Martínez, fotógrafo del periódico Vanguardia.

 

Vicario Portillo Martínez, diputado del PRD, hizo un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se fortalezca a la Fiscalía encargada de investigar delitos cometidos en contra de periodistas.

 

La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth Zavaleta Salgado, detalló que esta reforma armoniza el marco jurídico vigente en materia de derechos humanos, e incorpora medidas para hacer frente a la creciente ola de violencia que enfrentan los periodistas en el país a consecuencia del crimen organizado.

 

El decreto establece que cuando se cometa un delito en contra de periodistas se aumentará hasta en un tercio la pena establecida y hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género.

 

Señala que las agravantes a las penas se establecen al reconocer que las agresiones a los periodistas tienen un impacto en el ejercicio generalizado de la libertad de información, cuyo fin es “acallar y silenciar” los mecanismos democráticos de expresión y de difusión hacia los ciudadanos.

 

Precisa que en delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos.

 

El documento indica  que cuando la resolución niegue el ejercicio de la facultad de atracción, la víctima o el ofendido podrán interponer, ante el procurador general de la República, recurso de reconsideración, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado.