TIJUANA BC 17 DE DICIEMBRE DE 2025 (AFN).- La presidenta de la Asociación de Transportistas Independientes de Baja California (ATIBC), Guadalupe Sandoval, denunció la existencia de una red de corrupción al interior del gobierno municipal de Tijuana, desde donde —aseguró— se “cobra piso” a los operadores.
En entrevista con AFN Tijuana, Sandoval explicó que los oficiales de Tránsito de la Policía Municipal involucrados operan bajo un mismo esquema, al abordar a los choferes que esperan en las inmediaciones de los parques industriales para descargar sus mercancías.
Según narró la representante de transportistas, los uniformados argumentan que el Artículo 61 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio prohíbe a los transportes de carga estacionarse en la vía pública, por lo que contactarán a una grúa con quienes se tendrán que “arreglar”.
Agregó que, una vez enganchado a la grúa, el chofer ofrece una cuenta bancaria al transportista para realizar una transferencia, con montos de hasta 20 mil pesos “dependiendo cómo te dejes”.
Al demostrar que se realizó el depósito, el conductor de la grúa libera el camión de carga a una cuadra de distancia.
Para evitar tener “problemas” a futuro, aseguró que los agentes de tránsito ofrecen a los operadores pagar 2 mil pesos mensuales por camión, aunque dicho monto podría variar según la cantidad de unidades que tengan disponibles.
Guadalupe Sandoval señaló a un jefe de la policía, a quien identificó como el “comandante Rodríguez”, de dirigir uno de los tres grupos de la corporación dedicados a extorsionar transportistas.
“Él se dedica –el comandante Rodríguez– a extorsionar a los transportistas y a cuidar que paguen su cuota, los vas a encontrar por El Cimarrón, por todo Otay, por el Pacífico, por El Florido, por todas partes donde hay una área de parques industriales”, indicó.
También señaló al alcalde, Ismael Burgueño, al secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero, y al secretario de Seguridad Ciudadana, José Avilés Amezcua, de ser parte de la red de corrupción, pues sostuvo que aunque tienen conocimiento de la situación, no toman acción.
“Si bien ellos no van y piden la lana –el dinero– permiten que suceda, y por omisión son responsables de esa corrupción”, refirió.
Afirmó que durante una reunión celebrada el 7 de julio de 2025 presentó al munícipe las pruebas de las extorsiones, sin embargo, hasta el momento el hostigamiento y los cobros ilegales en contra de los conductores continúan.
Hace apenas dos semanas –dijo– contactó a Avilés Amezcua para informarle sobre un nuevo caso de “cobro de piso”, a lo que el funcionario le recomendó presentar una queja, sin embargo, sostuvo que “poner la queja y nada es lo mismo, no hay confianza en que se le de continuidad”.
