TIJUANA BC 26 DE MARZO DE 2024 (AFN).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que en el caso de los dos empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) detenidos por autoridades federales -y liberados por un Juez- en donde se presume una cadena de extorsión a migrantes, “se debe llegar hasta las últimas consecuencias” y castigar a los responsables, al considerar que se trata de "delitos gravísimos".
La mandataria hizo mención al caso de los dos empleados de la delegación del INM en la entidad, Marte Camacho Solano y Elizabeth Paredes, detenidos tras un cateo en su vivienda en el fraccionamiento Santa Fe, donde se les encontró más de un millón de pesos y casi 30 mil dólares en efectivo, así como cartuchos 9 milímetros y registros de presuntos cobros efectuados a personas en contexto de movilidad.
Cuestionada sobre la responsabilidad del delegado federal del INM en la entidad, David Pérez Tejada Padilla, ya que la detenida era su secretaria y colaboradora cercana, la mandataria estatal dijo que la investigación la lleva a cabo el gobierno federal, y que el Estado apoyará en caso de que así se solicite, aunque afirmó que considera que no es motivo para pedir remoción del funcionario.
Añadió que cuando el delegado asumió el cargo hace aproximadamente seis meses, la pareja ya tenía cerca de 15 años trabajando en el sitio, "entonces él empezó a trabajar con el personal que ya existía"; además de que la FGR informa con oportunidad sobre este y otros asuntos a su gobierno en las mesas de seguridad y de coordinación.
"Se debe llevar a cabo una investigación a fondo, no pagar justos por pecadores, son delitos gravísimos los que se cometieron en contra de personas migrantes, y en ese sentido yo creo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, y la FGR está haciendo una investigación a profundidad; tan así, que hubo un cateo en el cual estuvieron involucrados dos personas que trabajaban en una dependencia federal", reiteró Ávila Olmeda.
