Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 27 DE FEBRERO DE 2024 (AFN).- Representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, denunciaron que el proyecto de la ley estatal en esa materia, es una copia de la ley general, tras sostener una reunión este martes con la diputada inicialista, Rocío Muñoz Adame.
Soraya Ana Villarreal, del colectivo Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos en Baja California, dio a conocer que a dicha reunión le dieron el carácter de privado, para no permitir el ingreso de medios de comunicación, y a la misma asistieron, entre otros, integrantes del colectivo Madres Unidas y Fuertes.
De acuerdo con la activista, en el proyecto de la ley estatal no se incluyeron las opiniones que desde junio del año pasado, hicieron los familiares de personas desaparecidas en la entidad, por lo que consideró que la propuesta “es pura paja”.
Destacó que los únicos cambios que le hicieron a la ley general, fue agregar el nombre del Estado y considerar la creación de una fiscalía especializada para la atención de casos de personas desaparecidas, sin embargo, sus propuestas fueron ignoradas.
“Las víctimas somos quienes tenemos la experiencia y no nos están tomando en cuenta. Por ejemplo, es muy difícil hasta hora conseguir una copia del expediente del caso y solicitamos que en la ley estatal se obligue a los ministerios públicos a facilitar este documento”, indicó.
Dijo que no acordaron una fecha próxima para volver a reunirse, por lo que manifestó que la cita se aplace por el periodo electoral en el que varios diputados pedirán licencia para buscar otra posición o mantener su cargo por reelección.
Entre las propuestas que dijo, fueron ignoradas por los diputados locales, es que no se incluye el hecho de que la Comisión Estatal de Búsqueda sea un organismo autónomo y no dependa de la Secretaría General de Gobierno.
También, elimina el método de selección del comisionado, el cual sebe ser exclusivamente por medio de evaluaciones, y lo redujo a un “dedazo” del Ejecutivo.
Ana Villarreal añadió que a diferencia de la ley general, que contempla 60 días para entrar en vigor tras su publicación, en el caso del proyecto estatal se prevé el doble de tiempo para su entrada en vigor, por lo que cuestionó el tiempo propuesto.
“¿Para qué quieren esperar tanto tiempo?”, expresó, al tiempo que se dijo decepcionada por el poco avance y el desinterés en esta iniciativa, por parte de la mayoría de los diputados locales.