*.- "Táctica preocupante e inaceptable" la respuesta del presidente, afirma el diario.
*.- Las siete preguntas para López Obrador.

Manuel J. Villegas

TIJUANA BC 22 DE FEBRERO DE 2024 (AFN).- El periódico The New York Times (NYTimes) publicó hoy el reportaje sobre el supuesto financiamiento que recibió Andrés Manuel López Obrador de parte de cárteles del "narco", para su campaña en 2018, donde ganó la presidencia de México; además de calificar como "una táctica preocupante e inaceptable" la respuesta que el mandatario ofreció hoy en su conferencia mañanera, en la que rechazó acusaciones y criticó la publicación.

La empresa The New York Times dio a conocer una nota de investigación firmada por Alan Feuer y Natalie Kitroeff, titulada como "Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México", donde se indica que se descubrió información sobre la posible relación "entre narcotraficantes y personas cercanas" al primer mandatario, una vez que éste ya ocupaba el cargo.

En el escrito disponible en la edición en español del portal www.nytimes.com, se revela que se indagó durante años afirmaciones de una relación "entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador", incluso que hubo una reunión "con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa"; para la entrega de millones de dólares, citando como fuentes registros de autoridades y testimonios de "tres personas con conocimiento del tema".

"Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país", según el reportaje.

De acuerdo con lo publicado por el NYTimes, la DEA (Administración de Control de Droga) se encargó de tal indagatoria, lo que motivó una exigencia del presidente López Obrador, quien hoy en su conferencia matutina respondió: "Esto está interesante, porque el gobierno de Estados Unidos ahora va a tener que informar", a la vez de exhibir en pantalla un cuestionario enviado por Natalie Kitroeff, corresponsal de este medio en México, dirigida al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuellar.

"El periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín", "unos falsarios" y "unos calumniadores profesionales de fama mundial", refirió López Obrador; al expresar que Kitroeff usó en el cuestionario un tono "amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA; en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6 (año 2006), en el 18 (2018); incluso que entregaron dinero a mis hijos".

Sobre las preguntas acerca de "aliados cercanos" que recibieron dinero -en millones de dólares- de cárteles narcotraficantes, López Obrador reiteró que se trata de mentiras y calumnias expresadas por informantes y supuestos testigos, pidió que se muestren videos donde sus hijos y colaboradores reciben dinero y "moches"; aparte de rechazar que también hubo pagos del crimen organizado a sus intermediarios en marzo de 2020, cuando hizo un viaje a Sinaloa donde recibió a la madre (ya fallecida) del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, preso en una cárcel de Estados Unidos.

Sobre las críticas al trabajo periodístico, y las respuestas ofrecidas por el presidente esta mañana, horas después, The New York Times respondió mediante un post en su cuenta de X (antes Twitter): "Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que esta se encuentre".

En el cuestionario enviado por Kitroeff, exhibido en la "mañanera", se leen siete preguntas para el presidente:

1. La investigación de autoridades estadounidenses, basada en testimonio de informantes y transferencias de dinero, indagó alegatos de que aliados cercanos al presidente se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final, la investigación fue cerrada luego de que autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre esta investigación reciente? De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? En caso de que sea la primera vez de que escuchan de esto, ¿Qué opinión les merece?

2. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del Cártel de Sinaloa antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio?

3. Otro informante relató que, tras la elección del presidente, uno de los fundadores del Cartel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador -uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial- con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden a ese testimonio?

4. Un tercer informante contó a los investigadores que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a este testimonio?

5. La investigación también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. ¿El presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero u ocurrieron a sus espaldas? ¿A cambio de qué podrían haberse dado esos pagos?

6. Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, Insight Crime y DW sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo: "¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos, está filtrando información y dañándome?", en la mañanera del 1 de febrero. ¿De qué manera esta nueva revelación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? ¿Disminuye esto la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos/. ¿Por qué o por qué no?

7. ¿Hay algún otro comentario que el presidente o usted quisiera?

Muchas gracias por su atención. Le recuerdo que esperamos sus respuestas a las 17:00 hoy, el 21 de febrero. Saludos. Natalie Kitroeff.

*.- Publica NYT las acusaciones contra aliados del presidente y narcos

TIJUANA BC 22 DE FEBRERO DE 2024 (AFN).- Bajo la firma de Alan Fewer y Natalie Kitroeff el periódico difundió que funcionarios de la ley estadounidense indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México Andrés Manuel López Obrador se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta el registro de Estados Unidos y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

También señaló que el Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta las más altas esferas del gobierno que sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.

No obstante, advierte, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas.

Señalaron además que buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos, por lo que los investigadores de Estados Unidos obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los carteles del narcotráfico y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron, fue corroborado de manera independiente.

Por ejemplo, se dice, los registros muestran que un informante les relató a los investigadores estadounidenses, que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018.

Otra fuente les habría dicho, que luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de Los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador, con la esperanza de que lo liberaran de prisión.

Investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería, que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos, pero que López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.

Los agentes de la ley estadounidense dijeron, que dos personas con conocimiento de la investigación, informaron que también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creyeron operadores del cártel a intermediarios de López Obrador.

Al menos uno de esos pagos, establecen que se efectúa más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al Estado de Sinaloa en marzo 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera conocido como El chapo quien ahora cumple con una sentencia cadena perpetua en una prisión Federal estadounidense.

Hace más de una década, una investigación distinta dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) descubrió denuncias de que el narco había donado millones de dólares a la primera e infructuosa campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación previa, que fue dada a conocer el mes pasado por tres medios de comunicación, se cerró y no derivó en presentar cargos, refiere NYT.

Para Estados Unidos, prosigue, perseguir cargos penales contra altos funcionarios extranjeros, es algo inusual y complejo. Sería especialmente complicado armar un caso legal contra López Obrador. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano terminó por retirarlos luego de que la detención causara una desavenencia diplomática con México.

El gobierno de Joe Biden tiene un enorme interés en el manejo de su relación con López Obrador, quien es considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en uno de los temas más contenciosos de la política estadounidense. Es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de este otoño.

México también es un importante socio comercial de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos del país para ralentizar el cruce de drogas ilícitas como el fentanilo por la frontera sur.

Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. tienen competencia para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si es que logran mostrar una conexión con los estupefacientes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.

Si bien es poco común que los agentes estadounidenses vayan tras altos funcionarios extranjeros, no es inédito que lo hagan: esta semana comenzó en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.

Fiscales federales en Nueva York también lograron que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fuera declarado culpable el año pasado por un caso de corrupción. Los fiscales convencieron al jurado de que García Luna había aceptado millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga a los que debía perseguir.

Aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina.  El mes pasado, reportes periodísticos, entre ellos uno de ProPublica, sobre una indagatoria estadounidense de 2006 al financiamiento de campaña —en unas elecciones que no ganó— suscitaron revuelo en México.

López Orador condenó públicamente los reportajes e insinuó que intentaban influenciar las elecciones presidenciales del país de junio, en las que su protegida, la exjefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas para sucederlo. Insinuó que dichos artículos podrían complicar las conversaciones en materia de migración y fentanilo con el gobierno de EE. UU. y dijo que estaba considerando no recibir al asesor de seguridad nacional de Biden para un encuentro planeado en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos, está filtrando información y dañándome?”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina días después de la publicación de los reportajes.

Luego de que Biden llamó a López Obrador y calmara la tensión, la secretaria de Relaciones Exteriores de México dijo que el asesor de seguridad nacional de EE. UU. le había asegurado a México que “este es un tema cerrado para ellos”.

El gobierno de Biden ha manejado con mucho cuidado a López Obrador y ha evitado criticarlo en público, prefiriendo, en cambio, enviar en repetidas ocasiones a altos funcionarios a Ciudad de México para que se reúnan con él e insistan en privado que continúe con el control migratorio.

La decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente , según las personas familiarizadas con ella, fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto y muy contencioso. En los últimos meses del gobierno de Donald Trump en 2020, autoridades de EE. UU. presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fungió de 2012 a 2018 como secretario de la Defensa Nacional de México.  El presidente de México dijo que la acusación se “fabricó” en EE. UU., y su gobierno dio a conocer más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que presuntamente indicaban actividades delictivas pero que fueron descalificadas como no concluyentes.

La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada inútil y sangrienta, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de la detención, el Departamento de Justicia de EE. UU., muy presionado por López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación para enviar a Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo afectó acuerdos de seguridad de larga data entre ambos países, sino que también dejó una profunda impresión en los funcionarios de la ley al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como un relato aleccionador sobre esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.