TIJUANA BC 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 (AFN).- Grupos defensores de la vida, iniciaron una campaña de recolección de firmas para solicitar un referéndum que someta a votación ciudadana las decisiones que en materia de aborto, tomaron los integrantes de la legislatura estatal, hace más de una semana.

Alianza por la Vida, Frente Nacional por la Familia, y el Consejo Estatal por la vida y Familia (CONEVIF) piden a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a los diputados del Congreso del Estado que respeten este ejercicio democrático y no interfieran ni presionen a las autoridades electorales, a quienes se entregarán las firmas como parte de la solicitud formal. 

La decisión de los grupos defensores de la vida de promover un referéndum, obedece a la falta de respuesta de la gobernadora, a quien se pidió vetar la decisión del poder legislativo, y quien sin embargo ignoró tres oficios que le fueron enviados a la Oficialía de Partes del Gobierno del Estado con tal solicitud. 

Diversos sectores de la sociedad bajacaliforniana le solicitaron el veto, y a nadie respondió. 

El viernes 12 de noviembre, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, publicó las diversas disposiciones legales que despenalizan e institucionalizan el aborto en Baja California. 

Dichas reformas se aprobaron a pesar de que el derecho a la vida en la Constitución sigue vigente en el artículo 7, dando lugar a una contradicción jurídica a propósito. 

Se le dirigieron tres oficios a la gobernante solicitándole ser recibidos, y a ninguno respondió, a pesar de que la ley así lo requiere. 

Diversos sectores de la sociedad bajacaliforniana le solicitaron el veto, y tampoco respondió. 

Las nuevas disposiciones legales consisten en: 
-Permitir abortar por cualquier motivo hasta las doce semanas. 
-Penas simbólicas para el aborto de tres a nueve meses. 
-Eliminación de niños por alteraciones congénitas o genéticas que “pudieran” causar algún problema.
-En caso de violación, se eliminó la restricción de noventa dias como límite, anteriormente señaladas en el artículo 136 del Código Penal. 
-Se institucionaliza la práctica del aborto, ya que se obligará a las instituciones de salud pública, a realizarlo, con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. 
-Se forzará a médicos del sector salud a practicar abortos. 

La voluntad popular fue ignorada, primero por los diputados y posteriormente por la gobernadora.

Los integrantes de los diferentes grupos Pro Familia dijeron que resulta violatorio a las garantías de seguridad jurídica, legalidad y fundamentación y motivación, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando que esas reformas –argumentan-, despenalizan en nuestro Estado el aborto voluntario antes de las doce semanas gestación, así como del servicio del aborto hasta los nueve meses en caso de violación sexual -y cualquier otra conducta que afecte la integridad física o psicológica de las mujeres-; lo que contraviene directamente el derecho humano a la vida, desde la concepción, que salvaguarda el precitado primer párrafo del artículo 7 de la constitución estatal.

A través de un comunicado de prensa, los representantes a favor de la vida, afirmaron que frente a estos hechos se acordó solicitar al Instituto Estatal Electoral, la realización del referéndum para que sean los ciudadanos los que decidan sobre estas reformas en atención a las propias palabras del presidente López Obrador en el sentido de que es el pueblo soberano el que debe decidir.