TIJUANA BC 13 DE ABRIL DE 2021 (AFN).- Antes de que concluya la actual administración estatal quedará terminado el proceso de expropiación del Club Campestre, y se tendrán hasta dos años para cubrir las indemnizaciones correspondientes a quienes la ley determine como legítimos propietarios, aseguró el secretario General de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano.
En entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), el funcionario precisó que de acuerdo con los documentos encontrados en el Registro Público de la Propiedad, el predio de alrededor de 60 hectáreas en donde se ubica el cintado club privado, cuenta al menos con tres partes interesadas que pudieran combatir esta decisión del gobierno, y a quienes se está en proceso de notificación.
Apuntó que una vez notificados, los interesados tienen un plazo de 15 días para hacer valer, ante la propia Secretaría General de Gobierno del Estado, los argumentos legales que a sus intereses convenga sin embargo, se mostró confiado en que asiste la razón a la administración pública.
Explicó que las partes que pudieran presentar alguna impugnación, son los sucesores de los generales Abelardo L. Rodríguez y Alfonso García González, ambos exgobernadores del entonces Territorio de Baja California, así como la actual directiva del club, en representación de los socios.
Añadió que una vez que se presenten las impugnaciones, la misma Secretaría General de Gobierno resolverá conforme a la Ley, para eventualmente decretar la expropiación de dichos terrenos, y a partir de esa fecha el gobierno tendrá un plazo de hasta dos años para pagar la indemnización a quien corresponda.
Para ello, aclaró, será posiblemente un juicio alterno entre las partes interesadas, como se podrá acreditar la legítima propiedad y una vez determinado ello, se sabrá a quién se deberá indemnizar.
Rodríguez Lozano recordó que este proceso inició por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez, tras encontrar que el Club Campestre mantenía fuertes adeudos por el servicio de agua potable y en el pago del impuesto predial.
Aclaró que para el dictamen del Decreto de Utilidad Pública, se tomaron en cuenta las disposiciones internacionales que establecen la cantidad idónea de áreas verdes para la población, y se determinó que el terreno en cuestión beneficiaría a más de un millón 200 mil tijuanenses, por lo que insistió en que debe prevalecer el interés superior general, sobre el bien particular, como en este caso, al tratarse de un club privado.
Asimismo, Rodríguez Lozano negó que se tenga contemplada otra acción similar en la entidad, toda vez que, dijo, el gobierno estatal respeta la propiedad privada.
