Sonia de Anda

TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2020 (AFN) .-  La Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza afirmó que han detectado diversas irregularidades en la revisión patrimonial que se hace al Ex Gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid, su esposa y allegados, por lo que se están encontrando los prestanombres de los servidores públicos de la anterior administración.

“Hemos encontrado muchas irregularidades y no necesariamente a nombre de él y de sus familiares, sino de prestanombres” dijo la funcionaria estatal, y señaló que se hicieron cambios importantes en la Dirección de Responsabilidades, pues en materia de investigaciones ya trabajan con un tema de red de vínculos, lo cual se tenía que pedir a nivel nacional, pero en este caso ya se integró en Baja California.

“Vamos a empezar a capacitar a municipios, ya se hizo en Mexicali, eso implica que podamos ver cómo se relacionan con algunas empresas o compras”, y mencionó que se ha detectado el caso de un funcionario estatal que durante varios años realizó compras de Oficialía Mayor a una empresa de que era dueño y usaba el nombre de su hijo para beneficiarse con fuertes cantidades en adquisiciones, lo cual es un delito.

Precisó que en lo que va de la administración actual se han revisado todas las investigaciones que quedaron pendientes y que implican 170 expedientes de los cuales hay un avance del 21%, por lo que ya se integró el 36% en carpetas de investigación y se han concluido el 43%, lo que implica que ya algunos fueron inhabilitados o sancionados y muchos están por notificarse, lo cual se ha retrasado debido a la pandemia.

Agregó que ya han comparecido 32 servidores públicos para hacer aclaraciones de irregularidades que se han detectado, además de que otros 90 están en etapa de investigación y 24 resultaron listos para presentar auditorias aleatorias, lo que significa que están en análisis financiero y patrimonial.

De los 170 expedientes que quedaron de la administración pasada y que ya fueron revisados, precisó que la Secretaría a su cargo emitió inhabilitación en el 42% de los casos, sanciones económicas de un 25%, amonestaciones en otro porcentaje igual y suspensión temporal a 8%, donde se destacan casos como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se aplicó una inhabilitación por nueve años y otra en el Cereso de Ensenada de tres años con sanción económica por 102 mil pesos.

En este sentido, la Secretaria indicó que el lunes inician con comparecencias de aquellos expedientes que están en curso y destacó que muchos de los servidores públicos que son citados a aclarar investigaciones abiertas, llegan con abogados que les recomiendan reservarse su derecho a declarar, con lo cual se les da por confesos. 

“Los citamos para comparecer y aclarar y nos llegan con abogados reservándose su derecho a declarar cuando no se le está pidiendo declarar, sino aclarar”, apuntó, lo cual consideró que afecta a los funcionarios que son mal asesorados, sobre todo, cuando se trata de aclaraciones sobre su declaración patrimonial, ya que algunos no ha podido justificar cómo adquirieron un vehículo último modelo. 

*.- Más de mil 700 empleados no han presentado declaración patrimonial

Por otra parte, la funcionaria estatal informó que este viernes a las 12 de la noche vence el termino para que todos los servidores públicos presenten su declaración patrimonial anual, de acuerdo al artículo 108 constitucional y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, pues hasta ayer en la noche, el 21% de los sujetos obligados que representa a mil 798 empleados no habían cumplido con esta obligación. 

Explicó que muchos empleados de gobierno se confundieron y pensaron que se amplió el plazo para la entrega hasta este último día de julio, pero en realidad sólo se les brindó una causa justificada para la no presentación en el mes de mayo como lo establece la ley, pues no se otorgó una cancelación, ni suspensión o ampliación del plazo.

Agregó que de los 8 mil 237 sujetos obligados en el estado, hasta ayer habían entregado su declaración patrimonial seis mil 439 empleados, lo cual representa el 78% de los empleados de gobierno estatal 

“El no presentar la declaración patrimonial es una falta administrativa que puede ser sancionada mediante una amonestación una suspensión o incluso una destitución o inhabilitación en el empleo cargo o comisión”, apuntó la Secretaria quien indicó que mañana comenzarán a girar las notificaciones a los servidores públicos que incumplieron con la entrega de su informe.  

En este sentido mencionó que los tiempos son claros y a los empleados que incurrieron en el incumplimiento se les da un plazo de 15 días para poder entregar su declaración y de no hacerlo se les iniciaría un procedimiento administrativo en el que se abre una carpeta de investigación y se revisa si presentó la declaración inicial, desde cuándo está de trabajador, si se tiene antecedentes de algún ilícito, bienes registrados y demás.

“Se inicia una carpeta de investigación, el hablar de no entregar una declaración patrimonial no implica sólo un incumplimiento, sino se entra en una etapa de investigación porque se sospecha de que algo se oculta y se empieza con una investigación”, apuntó la funcionaria quien destacó que este proceso implica que se revisa  la evolución patrimonial y se practica una auditoría patrimonial en la que se otorga el derecho audiencia y es un proceso que terminará en 45 días aproximadamente para después proceder a la sanción del funcionario.

Destacó que, en la Dirección de Responsabilidad de la secretaria a su cargo, se hicieron cambios sobre la situación patrimonial, pues anteriormente sólo se cotejaban los reportes de los servidores públicos con el Registro Público de la Propiedad y ahora se revisan otro tipo de conductas relacionadas con cohecho, peculado, desviación de recursos públicos y uso indebido de información. 

Precisó además que en el caso de la Fiscalía General del Estado, aunque es un órgano autónomo, una gran parte de policías siguen registrados ante Oficialía y por ello también se les siguen recibiendo sus declaraciones patrimoniales, por lo que de lo que antes era la Secretaría de Seguridad Pública hay mil 448 funcionarios, de ellos ya presentaron su declaración mil 244 y quedan pendientes 204 servidores públicos.

En este sentido, Vicenta Espinoza destacó que las tres secretarías que más preocupan por la cantidad de funcionarios faltantes en entregar declaración patrimonial, está en primer lugar la Secretaría de Salud que tiene pendientes a 804 funcionarios de los dos mil dos que tienen en su plantilla laboral, de ahí los de Seguridad Pública con los 204 que faltan y en tercer lugar, el Colegio de Bachilleres (Cobach) que no han cumplido 144 trabajadores. 

*.- Cabidos de Tijuana y Ensenada ampliaron plazos de manera incorrecta

Espinoza Martínez destacó que este el próximo martes sostendrá una reunión con los representantes jurídicos de las sindicaturas procuradoras de Tijuana y Ensenada, pues los cabildos dejaron abiertos los plazos para la presentación de la declaración patrimonial, lo cual dependería de los tiempos que se marcarán en la pandemia de covid-19, lo cual consideró un error “grotesco y ambiguo” que buscarán corregir.

Incluso detalló que en el caso de Ensenada algunos funcionarios que debían entregar su declaración final de salida tampoco les dieron un plazo para la presentación de la misma, lo cual ha generado confusiones.

*.- En 2021 se revisará declaración patrimonial a particulares

En este sentido mencionó que está en trámite la celebración de convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues se tenía que solicitar directamente su intervención, pero con ese trámite se permitirá al Estado el acceso directo a cuentas bancarias, estados financieros y situaciones de empresas, pues para el 2021 como función pública también podrá revisar a todos los particulares que tenga cualquier convenio o contrato con el estado y reciban recursos de gobierno, por lo que también deberán presentar sus declaraciones patrimonial, lo cual generará mayor transparencia y aportará al combate a la corrupción.