*.- Es un acto desleal para el comercio organizado, dice Canaco

*.- Tiene fines electorales, denuncia el PRI

*.- Pide Diputado federal no engañar a los ciudadanos

TIJUANA BC 31 DE ENERO DE 2020 (AFN).- Mientras el Grupo Especializado en Venta de Autos de CANACO Tijuana rechazó la iniciativa estatal de crear el Instituto de Identidad y Combate a la Contaminación Vehicular, por considerar que es desleal con quienes pagan impuestos, el PRI en Baja California calificó como ilegal y electorera la propuesta en ese sentido del gobernador Jaime Bonilla Valdez. 

En entrevista con AFN, el Tesorero del Grupo Especializado de Venta de Autos, Guillermo Rojas Gómez, aseguró que el Gobierno Estatal pretende legalizar los vehículos que fueron internados de contrabando al país, lo que representa un acto desleal para los casi 100 lotes de autos que pagan impuestos federales, estatales y municipales. 

"Nosotros cumplimos con todo el requisito legal para importar nuestros vehículos y poderlos vender con una utilidad baja, por lo que estamos en contra de esta propuesta", acusó. 

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Carlos Jiménez Ruiz, manifestó que la administración estatal no tiene facultades para regularizar los llamados "autos chocolate", ya que es competencia de la federación por medio de la Secretaría de Hacienda, y afirmó que esta iniciativa es política y tiene fines electorales.

De acuerdo con Rojas Gómez, dicha iniciativa “nos ha puesto en una situación muy incómoda, no podemos entender cómo el gobierno está tratando de hacer estas medidas, cuando los carros que circulan sin placas y no están importados, son mercancía de contrabando”, explicó. 

El también consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, agregó que “no entiendo por qué el gobierno quiere legalizar este tipo de actos a través de un censo; todos esos carros son de contrabando, no conozco una Ley que diga que se pueda legalizar el contrabando”.

Sostuvo que “lo que tratan de hacer con este censo, es de alguna forma, regularizar el contrabando de autos chocolate”.

Señaló que ellos pagan todo tipo de impuestos como ISR, las cuotas del IMSS, gravámenes municipales, y en los últimos diez años con las medidas fiscales federales, de haber alrededor de 500 "loteros" en Tijuana, pasaron a menos de cien.

Por ello, consideró que dicha iniciativa los pone en desventaja, por lo que anunció que solicitarán una audiencia con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, y pedirán a los Diputados analizar a fondo esta propuesta para que no tomen decisiones a la ligera.

“No podemos creer que alguien tenga que pagar mil pesos para estar en el censo y a los doce meses tengan que pagar nuevamente”, finalizó.

Medida recaudatoria y electoral: PRI

Por su parte, Carlos Jiménez Ruiz presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, se pronunció en contra de la creación del Instituto de Identidad y Combate a la Contaminación Vehicular, al asegurar que éste tiene fines recaudatorios y electoreros.

“En primer lugar no tenemos la iniciativa, los diputados ni la conocen todavía, esperemos que el proceso legislativo sea dentro de la normatividad, que no haya albazo de la mayoría de MORENA, porque esto nos pondría contra la pared”, advirtió.

“No estamos de acuerdo porque tiene un fin recaudatorio, un supuesto registro a cambio de mil pesos, será enviado a la Ciudad de Mexico sin ninguna certeza, es un tema que no le compete al Gobernador sino al Gobierno Federal y a Hacienda”, aclaró.

Jiménez Ruiz expresó que la propuesta “tiene todos los fines menos el deseado, tiene fines electorales, recaudatorios, no para defender el patrimonio de las personas”.

El líder del PRI en el Estado se manifestó a favor de que, en su caso, dicho programa se lleve a cabo de forma gratuita, y que no haya pretexto para que se haga un padrón sin embargo, insistió, la gestión debe hacerse sin dinero de por medio.

Para ello, propuso que se gestione un decreto de hacienda; “pero que no lo contaminen, no es posible apoyar el carro chatarra, porque hay un buen número de carros que saturan el tráfico”, sentenció.

Sostuvo que existen unos 700 mil vehículos chocolate de los cuales, se propone que “den nombre y domicilio, y no sabemos qué uso le darán a la información; tiene un fin electoral, político, sin duda, menos jurídico porque los que pagarán no tendrían la garantía de que sus carros sean regularizados por el Gobierno Federal, concluyó.

En tanto, el Diputado Federal Héctor Cruz, se pronunció a favor de un empadronamiento vehicular, pero en contra de engañar a los ciudadanos.

A través de un comunicado, el Legislador del PES sostuvo que “las autoridades de Baja California deberán ser sumamente responsables en sus propuestas respecto a los llamados autos "chocolate", pues la regularización de estos es facultad exclusiva del ejecutivo federal y del Congreso de la Unión.

“No se puede estar en contra de un padrón de vehículos, porque no sólo ayudaría en temas de seguridad, también con el caos vial que existe en la ciudad de Tijuana, pero no se debe cubrir una ilegalidad con otra”, opinó.

Expuso que con falsas esperanzas es como organizaciones como Anapromex han estafado a miles de personas con un fingido proceso de regularización, por lo que “es importante que los legisladores revisen minuciosamente la propuesta que envió el Ejecutivo estatal al Congreso local, pues no es lo mismo un padrón vehicular que la regularización de estas unidades”.

Enfatizó que “en este caso la autoridad estatal tampoco está facultada para regularizar la estancia de estos vehículos, sobre todo en lo que parece ser un cobro de carácter coercitivo, es decir, si no pagas los mil pesos la multa será de seis veces esa cantidad, lo cual obligaría a los poseedores de estos vehículos a empadronarse”.

Dijo que la propuesta de levantar un padrón de autos irregulares ha sido manejada con opacidad, haciendo creer a buena parte de la ciudadanía que se aproxima una gran regularización por parte del gobierno del Estado.

“A ver, la regularización de vehículos sólo puede darse mediante dos vías: ya sea por una reforma del Congreso de la Unión, como se buscó hacer el pasado diciembre de 2019, o bien, mediante un decreto presidencial, lo cual es una opción viable en estos momentos”, planteó.

“Cualquier otra propuesta local que no hable explícitamente de que los autos irregulares continuarán en la ilegalidad, es un intento de engañar a la gente y mera demagogia”, concluyó.