Cuenta voces
Por: Armando Lares

TIJUANA BC 14 DE JULIO DE 2019.- La degeneración de la política. La intervención en la política con propósitos turbios, para ganancia personal o de un grupo, aprovechándose de forma egoísta del poder o la posición pública. Eso es la politiquería.

Por su parte el diccionario de la lengua española, define a la politiquería como: Intervenir o brujulear en política; tratar de política con superficialidad o ligereza; hacer política de intrigas y bajezas.

Pero la mejor definición es el pronunciamiento de Don Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, uno de los hombres más emblemáticos de la política en México, actual presidente del poder legislativo federal, quien emitió una fantasiosa declaración donde plantea una posible desaparición de poderes en Baja California. 

Muñoz Ledo, declaró que la desaparición de Poderes; “se usó mucho en el pasado, fundamentalmente en el siglo 19, y luego el gobierno del PRI la usaba para cubrir el despido de un gobernador, ahora se aplicaría en sus términos. Es una solución magnífica". 

Si bien es cierto la desaparición de Poderes es una herramienta de intervención federal en las entidades federativas, que se debiera utilizar para restablecer el orden en los estados donde se ha quebrantado el sistema jurídico, político y social. Y como bien lo dijo el diputado presidente, esta se utilizó mucho en el siglo 19, también es verdad que ya estamos en el siglo 21. 

La desaparición de Poderes es la última alternativa que podría emplearse en el caso Baja California, donde la ampliación de un período de gobierno ha puesto a la entidad en el mapa político nacional, provocando incluso este tipo de declaraciones.

Es importante mencionar que la desaparición de Poderes es una facultad exclusiva del Senado de la República, misma que tiene su cimiento legal en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se desprende una Ley Reglamentaria para su implementación.

Este mecanismo se ha utilizado alrededor de 60 ocasiones, aunque técnicamente han sido pocas donde de manera formal y legal, se ha declarado la desaparición. Es decir que se haya agotado el procedimiento y se hubiere resuelto con declaratoria emitida por el Senado. Los Estados de Campeche, Guerrero y Tamaulipas, fueron los primeros donde se solicitó entre 1917 y 1918, solo en Guerrero y Tamaulipas se llevó a cabo la desaparición, pero sin declaratoria. Mientras que; Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Puebla son de los que, en más ocasiones se ha pretendido la desaparición de Poderes.

Debido a que en aquellas épocas no estaba reglamentado el procedimiento, la desaparición en algunos casos fue parcial, sinceramente es injusto desparecer el Poder Judicial por las faltas del Ejecutivo, o al Ejecutivo por las fallas del Legislativo etcétera. Pero después de la reglamentación mediante la Ley, la interpretación deja claro que desaparecían todos si se diera el caso. Aunque en la práctica nunca ha sido así, sino que se ha utilizado por los Presidentes de la República para remover a gobernadores de oposición o simplemente porque no simpatizan o se han revelado a los intereses del primer mandatario del país. 

En la historia contemporánea mexicana, el antecedente más reciente de un intento de desaparición de Poderes se dio en el año 2014, cuando pretendían desaparecerlos en el Estado de Guerrero, casualmente en el mismo año en que el PRI y el PAN a través de los coordinadores de su bancada en el Congreso local, pactaron en lo oscurito la implementación de una gubernatura de dos años, hoy en disputa. 

En esa ocasión el Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, presentó la solicitud de desaparición de Poderes en el estado de Guerrero, respaldada con la firma de 30 de los 38 senadores panistas. 

La Comisión de Gobernación, explicó que cuando se hablaba de la desaparición de Poderes, no sólo se referían al Ejecutivo de Guerrero, sino también al Legislativo y al Judicial, por lo que analizarían si el caso encajaba en algunos de los cinco previstos en el artículo 76 constitucional. Dicha Comisión cuestionó a los poderes Legislativo y Judicial del estado de Guerrero para corroborar si continuaban operando normalmente tras los hechos en Iguala donde desaparecieron 43 estudiantes, a lo cual le respondieron que sí.

Luego de formalizar el trámite, fue declarado improcedente y por unanimidad, el Senado desechó la solicitud de desaparición de Poderes, al argumentar la Comisión de Gobernación que los poderes Legislativo y Judicial estaban trabajando de manera normal.

En resumen la desaparición de Poderes no es al antojo, y aunque es facultad del Senado, primero debe mediar un procedimiento y se debe comprobar que fehacientemente los Poderes del estado han colapsado, además es de suma importancia resaltar que desaparecer Poderes en cualquier Estado y sobre todo en uno fronterizo como Baja California, traería mas repercusiones que beneficios, pues una acción de esa magnitud impactaría en la moneda, pondría en riesgo las inversiones, la economía local y por ende la nacional.

Además es importante señalar que la desaparición de Poderes, antes se ejercía solamente con lo estipulado en la fracción quinta del 76 constitucional federal, pero en 1978 se promulgó la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Articulo 76 de la Constitución General de la República, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 29 de diciembre de 1978, desde que existe esta Ley, jamás se han desaparecido poderes en ninguna entidad, la última ocasión fue en el Estado de Hidalgo el 29 de abril de 1975, es decir hace 44 años que no sucede. 

En consideración a lo expuesto, es válido comentar que, aunque la declaración de desaparición de Poderes es facultad del Senado, esta no implica una injerencia indebida en la autonomía estatal, por ello se puede pensar que las declaraciones emitidas por el presidente de la cámara de diputados, son politiquería y parecen ser parte del guion de una película de política ficción.  

Lararium: Que curioso que los pronunciamientos de miembros de Morena contra la ampliación del periodo de la gubernatura, todas han sido vertidas por antagónicos a la actual dirigencia y en medio de la disputa por el relevo del CEN de Morena, al que es afín el gobernador electo. 

El autor es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, abogado titular del despacho jurídico Orden Legal, además de desempeñarse como consultor en materia legislativa, en su trayectoria ha sido reconocido con el premio estatal de la juventud, fue campeón estatal de debate político juvenil y participa como asesor en Organismos de la Sociedad Civil. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor