Por Raúl Ramírez Baena*

TIJUANA BC 13 DE MAYO DE 2019 .-Como si fuera un tema vetado para los aspirantes al gobierno estatal de Baja California, a los gobiernos municipales y al Congreso de Baja California, quizá por el desconocimiento en la materia (o peor aún, por su menosprecio), en el actual proceso electoral local, ninguno de ellos ha desarrollado en su oferta electoral una agenda de derechos humanos congruente con los postulados de la Constitución y con los tratados internacionales en la materia.

Cierto es que los derechos humanos no son muy populares entre amplios sectores de la población, que hay mucho desconocimiento y prejuicios, pero ello no quita responsabilidad a las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones para con los derechos humanos, elevados a rango constitucional, no sólo en lo que se refiere al combate a la inseguridad y el crimen, fenómenos que trastocan derechos civiles, sino también y no menos importante, a la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como el derecho al agua, a la salud, educación, vivienda, recreación y cultura, medio ambiente sano y trabajo con salario digno y seguridad social. 

No hay propuestas concretas, ninguna referencia para apoyar y fortalecer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el organismo público protector de los derechos humanos en Baja California, y a las Organizaciones de la Sociedad Civil promotoras de los derechos humanos, así como una política para atender a los grupos en condición de vulnerabilidad y a las víctimas de delitos como secuestros, homicidios y lesiones graves, y de violaciones a los derechos humanos como tortura, desaparición forzada, desaparición de personas por particulares y ejecución extrajudicial.

La seguridad pública

Una de las preguntas centrales que se hizo a los candidatos por los moderadores fue cómo abatir la inseguridad, la criminalidad y el aumento a las adicciones. Algunos candidatos se perdieron en el tema, otros lo evadieron o hablaron de la procuración y la impartición de justicia y uno más propuso, de plano, la desaparición de la temible Policía Estatal Preventiva y nombrar como jefe nato del área de seguridad pública en el Estado a un mando militar, contrario al espíritu y letra de la Constitución.

Esta percepción en un área tan sensible como la seguridad pública, denota no sólo desconocimiento en el tema (en los estándares internacionales el paradigma de hoy es la “seguridad ciudadana”, la seguridad con enfoque de derechos humanos), desconocimiento que lleva a los gobernantes a asumir conductas populistas y reactivas que reproducen, como último recurso, una estrategia de seguridad pragmática, y a recurrir a la fallida militarización de la seguridad con autoridades incapaces de dar una respuesta estructural a la inseguridad, que recurren al uso de la fuerza contra los que peyorativamente llaman “malandrines” (como lo vende un candidato a alcalde de Tijuana), como si fuera la solución mágica.

Es increíble que quienes aspiran a ser gobernador del estado desconozcan que la seguridad pública es un derecho humano y que, en congruencia, es una función que compete única y exclusivamente a la autoridad civil, como está establecido en el artículo 21 Constitucional, recién reformado.

Un elemento que resulta difícil de percibir por parte de los candidatos, es identificar la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues representa un riesgo latente considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar una condición de vida digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde tengan plena vigencia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La migración

Otro tema espinoso para los candidatos fue el de la migración, sobre todo de centroamericanos, en virtud del racismo y la xenofobia que se apoderó de buena parte de la población tijuanense. 

Ante la pregunta de los moderadores del debate a los candidatos sobre, en razón de la eliminación del fondo federal de ayuda a migrantes, qué harían con los migrantes centroamericanos deportados a Baja California, con los menores y la separación familiar, las respuestas fueron desde la creación del ombudsman del migrante (a pesar de que ya hay un ombudsman u ombudsperson estatal), hasta establecer una política para repatriación a su lugar de origen; o la respuesta de proteger sus derechos pero “después de defender los intereses de Baja California”.

Otra propuesta fue que se instalara una Estación Migratoria en Tijuana… cuando ya la hay. Una más, que las medidas que se tomen en los Estados Unidos con relación a los migrantes “no afecten a Baja California”. Fácil. Una propuesta violatoria a los derechos de las personas migrantes fue, de plano, que “no podemos gastar recursos” en atender a migrantes de otros países (¡!). Desconocimiento total del Pacto Mundial por la Migración, de la ONU, al que el Estado Mexicano se adhirió entusiastamente.

Quizá para ganar votos, otro candidato se animó a asegurar que los migrantes repatriados por Baja California “generan desorden y problemas de seguridad púbica”. Algo que buena parte de los electores quería escuchar.

El segundo debate de candidatos a la gubernatura, muchas acusaciones y descalificaciones.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

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